POSADAS. El diputado nacional por Formosa, Ricardo Buryaile, criticó con dureza la decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar al Grupo Vicentín, uno de las principales empresas agroexportadoras del país. En diálogo con MisionesCuatro, el ex ministro de Agroindustria advirtió que la medida es inconstitucional e innecesaria, porque como acreedor de la empresa, el Estado nacional podía solicitar un interventor.

Además, llamó la atención sobre el doble estándar con el que se maneja el gobierno kirchnerista del Frente de Todos, que no expropia a las firmas en crisis que pertenecen a empresarios amigos, como las de Cristóbal López. El Estado “no se queda con un pedazo del paquete accionario sino con toda la empresa”, aclaró.

“Interviene la empresa con una herramienta que no es legal. El gobierno no está autorizado para declarar (la actividad cerealera como esencial) Lo que está haciendo está al margen de la ley. El que puede disponer (de Vicentín) es el juez del concurso, el que debe velar por los intereses de los acreedores. El DNU del presidente es ilegal, inconstitucional e innecesario”, disparó Buryaile, al tiempo que subrayó que al Estado argentino, como acreedor, puede solicitar que haya un interventor.

“Si uno no sigue los pasos institucionales, el procedimiento se torna viciado. Genera un precedente para intervenir cualquier empresa”, alertó el ex ministro. Asimismo, cuestionó que se envíe un proyecto de ley para la expropiación. El gobierno, “puede enviar un proyecto de declaración de interés público con vistas a la expropiación” y, si se aprueba, proceder. Pero este Decreto de Necesidad y Urgencia, “es innecesario, inoportuno e inconveniente”.

El Ejecutivo “pasa por encima de otro poder (el Judicial) y le pide a otro poder, el legislativo, que le convalide esta acción a través del DNU”, aclaró Buryaile.

Por otra parte, el diputado nacional se lamentó que el gobierno utilice un “concepto manoseado por el kirchnerismo, que es el de la soberanía alimentaria. Por la estatización de YPF, Argentina deberá pagar 15 mil millones de dólares. Porque se expropió y no se hicieron las cosas bien”, fustigó.

Según Bruyaile, el “salvataje” del gobierno a Vicentín, no es tal. “O no le piensan pagar a nadie o son 1.500 millones de dólares, que es el pasivo de la empresa. Un país que está en default compra una empresa que está en default”, sentenció el ex ministro.

“Después de la pandemia vamos a tener una crisis tremenda, una caída de 10 puntos del PBI y se habla de 1 millón de (nuevos) desocupados. Qué empresario va a poner plata en un país que expropia a empresas que están en crisis”, acotó Buryaile, poniendo de manifiesto que la expropiación atenta contra futuras inversiones de capitalistas.

Sobre el final de la entrevista, Buryaile atacó la doble vara con la que se maneja el gobierno, estatizando algunas empresas y protegiendo a otras. “¿Por qué no se expropió OCA o las empresas de Cristóbal López?”, se preguntó, cáustico.

“Esta decisión del presidente genera cada vez más inseguridad. Le han metido en la cabeza, al presidente, que se puede manejar el comercio de granos y la liquidación de divisas. (Con intervenciones de este tipo) el precio (del producto) ya no va a ser transparente y puede generar competencia desleal y desinversión. O que empresas se vayan”, sentenció.