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Quedó firme la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

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El Congreso prorrogó por cuatro años la ley 26.160, que suspende desalojos de comunidades indígenas. Es la tercera vez que se extiende en el tiempo la emergencia territorial. Piden al INAI acelerar el relevamiento catastral, ya está sin terminar en el 70% de las comunidades reconocidas en el país.

Quedó firme la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

El Congreso prorrogó por cuatro años la ley 26.160, que suspende desalojos de comunidades indígenas. Es la tercera vez que se extiende en el tiempo la emergencia territorial. Piden al INAI acelerar el relevamiento catastral, ya está sin terminar en el 70% de las comunidades reconocidas en el país.CAPITAL FEDERAL. La Cámara de Diputados cumplió este miércoles con un fuerte reclamo de las comunidades originarias y convirtió en ley, por unanimidad, la tercera prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.

La norma, que ya lleva 11 años de vigencia y que vencía el próximo 23 de noviembre, regirá así por otros cuatro años. “Esperemos que esta sea la última prórroga, porque los pueblos originarios están esperando tener la certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan”, sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro).

Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.

Lipovetzky sostuvo que “el mayor retraso” en el relevamiento catastral se registra “en las provincias que tienen mayor conflictividad territorial”. Además, precisó que, según el Censo 2010, hay nada menos que 900.055 mil personas que se autoreconocen como indígenas.

“Debemos empezar a pensar en una agenda pública sobre los derechos de los pueblos originarios”, sostuvo el macrista, quien consideró esto como “una obligación de justicia por parte del Estado”.

Por su parte, el radical Jorge D’Agostino reconoció que, personalmente, “no quería votar esta ley”, sino avanzar con una norma integral, ya que “es una cuestión de derechos humanos”. “Hay que terminar con la prórroga eterna”, sentenció el legislador, quien además sugirió pedir una rendición de cuentas al INADI sobre su gestión desde que fue creado, en 2006.

El debate de la norma se vio atravesado por el caso del joven Santiago Maldonado, hallado muerto en el río Chubut tras participar de una protesta mapuche y permanecer desaparecido durante 79 días.

En Misiones, se estima que fueron relevadas, poco más del 50% de las comunidades, según lo admitió la propia senadora saliente, Sandra Giménez (Frente Renovador), que resaltaba este porcentaje, por ser el más elevado en comparación con otras provincias.

No obstante, el relevamiento que se hizo en Misiones no está exento de críticas: no se dio participación a la Universidad Nacional de Misiones y, según denuncias de comunidades y organizaciones indigenistas, la Dirrección de Asuntos Guaraníes operó para que no se entreguen las carpetas con los censos catastrales y para que las propias aldeas descrean de la validez del proceso. Además, se han llevado a cabo no menos de 9 desalojos contra comunidades mbya guaraní, algunos de extrema violencia, en los que estuvieron involucrados alcaldes renovadores.

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