BUENOS AIRES. El procurador interino Eduardo Casal le recomendó a la Corte Suprema rechazar el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que determine la validez legal de las sesiones online en el Senado, el mecanismo que la Jefa de la Cámara alta quiere habilitar para tratar el impuesto Patria, que promueve su hijo Máximo Kirchner.

Casal, un funcionario nombrado durante la gestión de Mauricio Macri, dictaminó que una intervención en este caso “resultaría ajena a la competencia originaria de la Corte”. Si bien no es vinculante, la opinión del Procurador implica un enfoque jurídico que la Corte puede adoptar en su decisión final.

Según LPO, luego de que la vicepresidenta enviara un pedido de aval constitucional, la Corte Suprema habilitó el viernes la feria judicial extraordinaria para analizar el pedido de constitucionalidad sobre una eventual sesión a distancia del Senado y trasladó el pedido a la Procuración.

Advertencia sobre la intromisión del poder judicial

Casal entendió que el Senado de la Nación no está incluido en la competencia originaria de la Corte y que “no se dan las circunstancias” legales, como la vía de apelación, que habilitan a entender en un expediente al máximo tribunal. Por lo tanto, no corresponde que los ministros de la Corte dictaminen.

En cuanto al argumento de Cristina de buscar evitar con la declaración de certeza “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, Casal evaluó que el Poder Judicial debe “mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes”.

Según la mirada del jefe de los fiscales, una eventual declaración de certeza de la Corte representaría “indefectiblemente una intromisión en las atribuciones propias del Senado de la Nación de determinar, con sustento en la normativa aplicable, el modo en que puede sesionar en estas circunstancias extraordinarias que se presentan por la pandemia desatada”.

El temor de Cristina sobre el impuesto Patria

“Una inteligencia orientada hacia la judicialización de lo que deben decidir otros poderes, pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos como la autoridad de la propia Corte Suprema”, definió Casal en su escrito.

Cristina teme que una ley aprobada por teleconferencia sea impugnada en un tribunal inferior. Y no quiere sesionar en situ, aún con medidas de bioseguridad para evitar contagios del nuevo coronavirus, porque varios de los senadores de su espacio político, incluido el inefable ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, superan los 65 años de edad. Y se encuentran incluidos entre los grupos de riesgo para esa enfermedad.

Desde luego, el impuesto “Patria” –un gravamen extraordinario sobre las grandes fortunas para colaborar en la lucha contra la Covd-19- no alcanzará a los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas.