BUENOS AIRES. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para el próximo martes con el propósito de tratar los recursos presentados por los magistrados con sus traslados revocados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Se trata de los jueces que investigan a Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos de las Coimas y en la causa Hotesur-Los Sauces.
Rosenkrantz les anticipó en reunión virtual al resto de los ministros que enviaría la convocatoria para tratar los recursos extraordinarios de los jueces, invocando las atribuciones que le confiere el reglamento de la Justicia Nacional para convocar reuniones de acuerdo fuera de agenda.
Según Télam, Bertuzzi, Bruglia y Castelli tienen radicados en la Corte recursos extraordinarios que buscan retrotraer la suspensión de sus traslados decidida por el Senado en base a que estos magistrados no obtuvieron el acuerdo que marca la Constitución para avalar las designaciones de jueces federales.
Estos jueces también plantearon amparos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que fueron rechazados en primera instancia y ahora se encuentran para definirse en segunda instancia.
Rosenkrantz confirma el llamado para el tratamiento del per-saltum
El presidente del tribunal, que asumió esa función en octubre de 2018, anticipó a sus colegas en la reunión virtual de este martes por la mañana que convocaría a un “acuerdo extraordinario”, como parte de la facultad que le confiere el reglamento de la Justicia Nacional.
En su artículo 71, el reglamento señala sin posibilidad de interpretaciones que “la Corte Suprema podrá también reunirse en acuerdos extraordinarios en días hábiles o feriados cuando fuera convocada por el Presidente o lo dispusiera la mayoría del Tribunal”.
Luego de la reunión virtual, Rosenkrantz oficializó la convocatoria vía correo al resto del tribunal y formuló declaraciones a los diarios Clarín y La Nación. “La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados”, sostuvo a Clarín.
Y continuó: “Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.
A fines de julio, el Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al Senado que revise traslados de 10 jueces, en base a un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien revisó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas estos casos.
La Comisión de Acuerdos del Senado, controlada por el kirchnerismo, convocó a los magistrados cuyo nombramiento debía revisarse pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli prefirieron no asistir. Sabían que su suerte estaba echada en una Cámara alta controlada por Cristina Kirchner.
Los planteos de los jueces y el decreto presidencial
Simultáneamente, presentaron amparos ante el fuero Contencioso Administrativo y recurrieron a la Corte pidiendo que interviniera por “per saltum” y dejara sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado.
La jueza que entendió en el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi, María Alejandra Biotti, rechazó la pretensión al entender que “no se observa la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requerida para la procedencia de la vía del amparo, ya que no son atendibles los cuestionamientos de los co-actores (Bertuzzi y Bruglia) relativos a la afectación de sus derechos en este proceso”.
Con la decisión del Senado refrendada por un decreto del Presidente Alberto Fernández, Bertuzzi debería volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, dejando así la Sala I de la estratégica Cámara Federal Porteña, en el caso de Bruglia y Bertuzzi. Y el Tribunal Oral Federal 7, en el caso de Castelli.
Una decisión que podría ser un freno a la maniobra de CFK
Hasta aquí, la Corte no había dado muestras de tener entre sus prioridades el tratamiento de la situación de los tres jueces ya que no había definido el “per saltum”, ni tratado los recursos extraordinarios. Por el contrario, había delegado en la Cámara Federal de Casación Penal, superiores inmediatos de los tres magistrados, los pormenores de la suspensión de los traslados.
Desde luego, el traslado impulsado por Cristina Kirchner y Alberto Fernández, tiene un alto costo político para el oficialismo. Es que la principal imputada en la causa de los cuadernos de las coimas –como jefa de una asociación ilícita- y en las causas unificadas Hotesur-Los Sauces –por lavado de activos-, es la que promueve la remoción de los jueces que deben investigar hechos de corrupción durante su gobierno (2007-2015). La Corte podría dejar sin efecto los traslados, lo que sería un durísimo revés judicial para la ex presidenta.