Política

Se aprobó la ley de víctimas

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La Cámara baja aprobó con unanimidad la norma que garantiza el patrocinio jurídico gratuito y les otorga a las víctimas una mayor participación en el proceso judicial.

Se aprobó la ley de víctimas

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección a las víctimas de delitos, que ya había sido modificado en el Senado a fines de mayo, por lo que la propuesta se tuvo que volver a ser aprobada por la Cámara Baja.

Por unanimidad, 219 diputados votaron a favor del proyecto de ley, y la sanción fue celebrada por distintos grupos de víctimas y familiares de víctimas que presenciaron la votación. La nueva ley sobre protección de los derechos y garantías de las víctimas de delitos les asegura la representación jurídica para las víctimas y crea la figura del defensor público de la víctima.

La iniciativa había sido impulsada por el Frente Renovador y había sido aprobada por el Senado el 31 de mayo luego de un debate que duró varios meses. En la Cámara Alta, la iniciativa fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la había votado en octubre de 2016.

La ley de víctimas

El proyecto surgió de la marcha realizada en octubre bajo la consigna “Para que no te pase”, que juntó a víctimas de sucesos emblemáticos, como Carolina Píparo -baleada en una salidera bancaria- y María Luján Rey -madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que fallecieron en la tragedia de Once-.

Una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos –con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.

También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.

A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.

El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.

Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes. (INFOBAE y PARLAMENTARIO.COM)

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