[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el marco de la relación que mantienen funcionarios nacionales, provinciales y municipales con la actividad privada, ahora se exige que los contratistas del Estado informen si hay vínculos familiares entre representantes de ambos sectores.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”135382″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Es obligación que empleados jerarquizados deben formular declaraciones juradas acerca de sus patrimonios, antes y después de ejercer funciones públicas. Esta medida se cumple a rajatabla en el ámbito federal y en la mayoría de las provincias argentinas.

No así en Misiones, porque aquí sigue en vigencia una ley aprobada en 1989, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, cuyo titular entonces era Julio Humada, restringiendo dicha normativa al considerar que los funcionarios no están obligados a cumplir con la misma.

Además, estableció el carácter de reserva a las declaraciones patrimoniales, otorgando la responsabilidad de la autoridad de aplicación a quien le comprendiera el artículo 157 del Código Penal. “Sólo serán obligatorias -dice- en los siguientes casos: a) cuando sean requeridas por los poderes u organismos de los cuales dependan o pertenecen las personas comprendidas en esta ley; b) cuando lo requiera una autoridad judicial o c) cuando el firmante de una declaración jurada la libere de la reserva”.

Nadie sabe nada

En consecuencia, nadie sabe a cuánto ascendían los bienes de Carlos Rovira, Santiago Ros, Eduardo Balero Torres, Pelito Escobar, Sergio Pity Ferreyra, Sergio Dobrusin, Miguel Pimpi Thomas entre otros, cuando fueron designados en altos puestos del gobierno misionero. Ni tampoco su estado patrimonial actual, después de muchos años cobrando sueldos públicos.

El tema vuelve a replantearse justamente ya que la Legislatura nacional trata el proyecto que apunta a transparentar la relación que mantienen los gobernantes con contratistas y abastecedores particulares, algo permanente y necesario. En enero último la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Laura Alonso, impulsó el cumplimiento de la ley 25.188,que obliga a todos, a prestar declaraciones juradas.

Por su parte la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) efectuó una investigación que comprende a 23 provincias argentinas, destacando que “el libre acceso a los bienes patrimoniales de los funcionarios es una de las herramientas más importantes con que cuenta la sociedad civil para conocer sus ingresos y antecedentes laborales en cargos públicos”. A renglón seguido sostiene: “es clave para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses. Declaraciones claras, completas e integrales permiten garantizar una efectiva rendición de cuentas, así como prevenir y combatir la corrupción”, destaca el informe de la (Acij)

Los dueños del poder local

Las transformaciones que día a día se intentan en un país sacudido por fuerte crisis, afectando especialmente a trabajadores de bajos ingresos, no impiden que todavía siguen “sanos y salvos” feudos como Santa Cruz de los Kirchner, Formosa de Insfrán, San Juan de los Gioja o San Luis de los Rodríguez Saa. Tal vez las cosas cambien a partir del 22 de octubre próximo.

En Misiones en tanto, continúa ignorándose los ingresos de quien hoy comanda el Palacio Legislativo desde que fue nombrado empleado estatal en 1984. Y a cuanto asciende su fortuna en la actualidad, como que su enorme mansión en Punta Laurel viola el camino de sirga determinado en el Código Civil, extendida 1.000 metros río adentro, además de haberse quedado con el espacio público donde habías juegos infantiles y embarcadores de lanchas al final de la avenida Jauretche. Algo realmente inaudito.

Si es cierto (o nó), que tiene casa en Punta del Este, propiedades en Brasil, en Francia, campos en Corrientes. Que integra fideicomisos formado en una conocida escribanía con prestanombres (“testaferros”) para levantar eificios y quedarse con propiedades a granel, en puntos privilegiados de Posadas.

También se ignora la fortuna de Closs, miembro junto con su familia de la UTE Cataratas, la que durante sus dos mandatos comenzó a operar lujosos hoteles en Posadas e Iguazú. Además, integra la empresa Petrovalle, dueña de forestaciones, de una flota de centenares de camiones, de la distribución de combustibles en el NEA, cadenas de hipermercados en la Mesopotamia. Si ganaba la Presidencia Daniel Scioli en 2015, el hoy candidato a senador nacional por la Renovación, se jugaba para ocupar el cargo de ministro de Turismo de la Nación.

O el caso de edificios en torres en el epicentro posadeño y en el acceso Sur de la Costanera, caballos de carrera, tarjetas de créditos, cuevas financieras, fábrica de muebles, un haras lujosa en Bonpland, bienes que en los últimos años acopió el ex presidente del Comité Provincial de la UCR, Eduardo Balero Torres, quien maneja a su antojo el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc), fuera de cualquier control fiscal.

O el del presidente de Emsa -también radical converso- Sergio Pity Ferreyra, ingeniero forestal convertido en patrón de negocios y de centenares de hectáreas de bosques implantados en el departamento San Ignacio, quien también formaría parte de un fideicomiso que negocia la compra de media manzana distante cuatro cuadras de la plaza 9 de Julio.

O como hizo Santiago Ros para quedarse con otra lujosa casa a orillas del Paraná, disponiendo de un embarcadero propio, asociado asimismo a empresas ligadas a una legendaria Logia que, significativamente obtuvo fondos provinciales aportado por los contribuyentes y así mejorar las instalaciones del tradicional edificio de calle Córdoba.

Algo difícil de comprobar porque en Misiones, donde sigue vigente la absurda Ley de Lemas, los dueños del poder actúan sigilosamente desde hace 15 años, una suerte de corporación muy parecida a las que azotan a la sociedad global en forma de mafias.

No hay información oficial, ni tampoco ningún magistrado de la Justicia provincial se anima a investigarla.

¿Alguna vez la democracia aquí alcanzará niveles de transparencia que la gente está pidiendo a gritos?. En tanto, el ciudadano común continúa presionado por altos impuestos que en gran medida, enriquece a la nueva oligarquía de políticos misioneros, la que sigue mandando impunemente.

sb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]