Política

Siguen los “favores” en la entrega de vehículos en depósito judicial

Sindicalistas, algunas asociaciones civiles de dudosa acción social, funcionarios encumbrados (les gustan los autos lujosos), fundaciones que facturan en sus negocios privados y otros personajes de la política, aparecen en el Registro de lujosas camionetas y coches de alta gama que la Justicia les concede para “acciones de bien común”.

Siguen los “favores” en la entrega de vehículos en depósito judicial

POSADAS. A fines de 2001, las maniobras irregulares en la entrega de automóviles decomisados en causas penales -que se llevó puesto a funcionarios de la Justicia, policías y personajes oscuros del negocio de la compra venta de coches-, obligó a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a tratar de ordenar la cuestión.

Les sacaron ese poder delegado a los propios jueces de primera instancia y crearon el denominado Registro de Bienes Entregados en Depósito Judicial. Es más, oficializaron la difusión, a través de acordadas y por el Boletín Oficial, con un informe detallado sobre los beneficiarios de los depósitos judiciales y de los bienes en depósito.

Pero esas correcciones políticas de los ministros de la Corte no han sido –al menos para los ojos críticos de miembros de la Justicia y del Poder Ejecutivo- lo prolijamente suficiente para disipar las dudas de cómo se resuelve la entrega. Por ejemplo, como una camioneta de alta gama termina en manos de una asociación civil o una fundación que sólo figuran en una página de Facebook, con fotos o proclamas de campaña, quizás para justificar ante sus líderes políticos partidarios sus presuntas actividades en busca del “bien común…”.

Revisando a los beneficiarios

En el último informe, el Poder Judicial precisa que son más de 200 los vehículos entregados en depósito judicial. La mayoría fueron entregados a la Policía Provincial, en sus distintas dependencias y jerarquía. También a entes autárquicos o descentralizados, cooperativas y Ministerios del Poder Ejecutivo.

Algunos jueces y jerarcas de las fuerzas policiales y de seguridad también cuentan con la “mano complaciente” de algún ministro de la Corte para otorgarle una buena camioneta 4×4 o un lujoso coche de esos que pendulan entre los 60 y 90 mil dólares, según el modelo y el año de patentamiento.

Pero entre los beneficiarios aparecen algunos personajes que, sinceramente, no sabe si cumplen con esos requisitos de tener un coche en depósito judicial para, con su actividad o gestión, beneficiar –casualmente- a las prestaciones de servicio público del Estado. O bien, el favorecido, sólo lo utiliza para echar facha entre su corte de amigos o pasear con la familia como parte de su vida personal y recreativa.

Un ex concejal renovador, Manuel Sánchez, recibió un VW Bora a título personal, y no a nombre de la institución que representaba en ese momento.

El ultra clossista Hugo Irala, cuando era presidente de la Rama Activa del IPS (ahora es jefe de Gabinete en la obra social de los empleados públicos), contó con la fortuna, o los buenos oficios, de recibir en depósito, una lujosa Ford Ranger XL 2.8 y un Honda Fit 1.4 LXL.

En el Ministerio de Gobierno, su titular Marcelo Pérez, recibió en depósito un BMW 323 I Active; y su Subsecretario de Justicia, Pedro Marinoni, un Mercedes Benz E300 Compresor Avantgarde, lo que hace suponer que esos vehículos son utilizados para sus tareas diarias como servidores públicos.

El inefable Jorge Armando “Polilla” Giménez, eterno titular del brazo misionero del gremio UPCN, también está en la lista de los consentidos por la Corte -de hecho, su hijo Carlos acaba de ser nombrado camarista en el fuero penal de Posadas-; donde recibió una poderosa Ford Ranger XV 2.2 para, uno supone, se movilicen la compañerada del sindicato.

La hija de Polilla, Silvana Giménez, que de ex diputada provincial saltó al despacho ministerial de Trabajo y Empleo de la Provincia, también fue adjudicada por una lujosa camioneta 4×4, una Toyota Hiluk. Aunque, en honor a la verdad, la camioneta entregada como depósito judicial figura a nombre de la Fundación Artesanías Misioneras, un coqueto local de ventas de artesanías mbyas ubicado en un complejo de negocios del barrio Villa Sarita, que incluso fue visitado por la primera dama, Fabiola Yañez, hace pocas semanas.

Una Asociación Civil, Misiones Tierra Porá, donde el posible titular, Juan Barreto, aparece en Facebook sacándose fotos con Pepe Pianesi y también con los “rebeldes radicales” que lidera Carina Capli Benítez, recibió de la Justicia, como depositario judicial, un VW Voyage para que esa ONG realice sus presuntas tareas comunitarias, con bienes que le suministra el Ministerio de Desarrollo Social.

El director de cultivos intensivos no frecuentes de la Fundación Católica Juan Pablo II de Puerto Rico, Carlos Giorlando, recibió una Chevrolet Captiva y un Ford Fiesta para utilizar en sus labores diarias, aunque no se sabe si las mismas son de carácter privado o de beneficios para la comunidad.

También aparecen en la larga de lista de guardadores judiciales de los vehículos que se secuestran en operativos policiales, principalmente vinculados con el narcotráfico, otros dos sindicatos. El de los Tareferos de Jardín América, de prosapia renovadora K, a cuyos jefe sindicales les dieron un Peugeot 306, que seguramente le servirá poco y nada para recorrer los yerbales, por las características mecánicas del coche de calle. Sus colegas gremialistas del Sindicato de Trabajadores del IPS recibieron una Renaul Kangoo, pero no se sabe si es de uso particular o para ayudar a los afiliados.

Para cerrar la lista de beneficiados con autos en depósito judicial, el Superior Tribunal de Justicia concedió la entrega de un mini bus Ford Transit y una Chevrolet S Pick Up 2.8, tracción 4×4, al Obispado de la Diócesis de Posadas. Y una lujosa Ford Kuga a la Cámara de Diputados de la Provincia, que seguramente disfrutará algún legislador del cuerpo.

FSV.  

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