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Tragedia de Once: La Corte confirmó las condenas a empresarios y ex funcionarios K

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El máximo tribunal rechazó los recursos presentados y confirmó las penas de 5 años y seis meses de prisión para Schiavi y de 7 años para Claudio Cirigliano. También reenvió el caso de Jaime a la Casación. Julio De Vido también está condenado por un delito de corrupción vinculado a la tragedia de Once, pero su sentencia no está firme y está en libertad.

Tragedia de Once: La Corte confirmó las condenas a empresarios y ex funcionarios K

BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves, las condenas contra una veintena de acusados por la tragedia de Once, incluidos el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el expresidente de TBA Claudio Cirigliano y Marcos Córdoba, el maquinista del tren que chocó contra el andén en 2012, dejando como saldo 52 muertos. En el caso de Ricardo Jaime, el máximo tribunal envió el caso nuevamente a la Cámara de Casación, en busca de un doble conforme.

La Corte, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, rechazó los recursos de queja de las defensas con lo que quedaron firmes las condenas.

Más allá del caso de Jaime, que había sido condenado a 8 años de prisión, la Corte confirmó las condenas de Schiavi, a 5 años y seis meses; Cirigliano, 7 años; el maquinista Córdoba, 3 años y 3 meses; Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans, 6 años; Jorge Álvarez, director de TBA, 6 años; Sergio Daniel Tempone, gerente de Operaciones de TBA, 5 años; Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA, 5 años; y Jorge Alberto De Los Reyes, vicepresidente de TBA, 5 años.

Asimismo, la Corte también confirmó las condenas de Carlos Esteban Pont Vergés, director de TBA, a 5 años de prisión; Roque Ángel Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA, 3 años y 6 meses; Antonio Marcelo Suárez, director de TBA, 4 años; Laura Aida Ballesteros, directora de TBA, 4 años; Guillermo Antonio D’Abenigno, director de TBA; 4 años; Francisco Adalberto Pafumi, directivo de TBA, 4 años; Víctor Eduardo Astrella, director de TBA, 4 años; Alejandro Rubén Lopardo, director de Cometrans, 3 años; Pedro Roque Raineri, directivo de TBA, 3 años; Oscar Alberto Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, 3 años; y José Doce Portas, director de Cometrans, 3 años.

Los principales condenados -Jaime, Schiavi, Claudio Cirigliano y Álvarez- están cumpliendo la condena todavía. Aquellos sentenciados a penas menores o iguales a 3 años de prisión recuperaron la libertad. Esto se debió a motivos de salud, por su edad o porque tenían que atender a sus padres muy mayores, o a un hijo con discapacidad.

Según La Nación, el maquinista Marcos Córdoba puede acceder a la libertad condicional la semana próxima debido al tiempo que lleva preso. Y a la conducta ejemplar que mantuvo en prisión.

En un segundo juicio por la llamada Tragedia de Once fue condenado el exministro y exdiputado Julio de Vido a 5 años y 8 meses de prisión. La condena fue por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero ese fallo dictado en diciembre de 2018 está recurrido ante la Sala III de la Cámara de Casación. Los camaristas tienen ese fallo en estudio desde hace un año y medio. Aún no confirmaron o revocaron ese fallo. Por eso, entre otras cosas, De Vido está libre.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un ferrocarril de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación Once y provocó la muerte de 52 personas y heridas a más de 780.

En el juicio oral quedó probada la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados. Ello gracias a la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA. Y, especialmente, de los entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte. Jaime primero y Schiavi después, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario.

El deliberado incumplimiento de estos deberes ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil. Esto fue calificado como el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Asimismo, la Justicia comprobó que la tragedia no solo se ocasionó por la negligente conducción del maquinista, sino que además ocurrió por las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, a partir de las políticas empresariales y la ausencia de controles por parte de la Secretaría de Transporte kirchnerista.

Esto implicó un constante peligro para la vida de las personas que a diario viajaban en el tren Sarmiento. Así, el suceso fue calificado como estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en otras 789.

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