BUENOS AIRES. En la mañana del 22 de febrero del 2012, cientos de pasajeros aguardaban en el andén de la estación de Once la llegada del tren de la línea Sarmiento para abordarlo y dirigirse cada cual, a su lugar de destino, pero eso no sucedió. A las 8.30, la tragedia sacudió al país luego de que la formación que ingresaba -a una velocidad superior a la permitida- a la plataforma número dos de la estación con 1.500 pasajeros a bordo no detuvo su marcha y colisionó contra los paragolpes de contención. El accidente dejó un saldo de 52 personas fallecidas y más de 780 heridos.

A 10 años de la tragedia ferroviaria más impactante, la diputada nacional María Luján Rey recordó ante parlamentario.com el suceso que le costó la vida a su hijo Lucas Menghini de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado dos días después entre el tercer y cuarto vagón.

La palabra de la madre de una víctima y lo que determinaron las pericias

“Llegar a los 10 años es algo que uno sabía que iba a ocurrir, pero en lo personal quería que no pase. Obviamente cada aniversario es un poco revivir aquel día es muy movilizante, y que ya sean 10 años es fuerte… Sobre todo cuando uno convive con esto de sentir que pasó mucho tiempo, y lo veo cuando veo a mi nieta, la hija de Lucas, que hoy está preparando sus 15, y por otro lado parece que fue ayer y que estos 10 años no hubieran pasado”, recordó la legisladora del Pro.

Incluidas en el fallo y recolectadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las pericias constataron que de los ocho vagones, sólo seis contaban con los compresores de aire comprimido para operar los frenos. Además, que para siete de los ocho vagones se habían diferido tareas de mantenimiento. También que los paragolpes no contaban con su sistema hidráulico en funcionamiento.

Asimismo, las pericias corroboraron que estaba desactivado el sistema de frenado de hombre muerto -que se activa si el maquinista pierde la conciencia y que el conductor Marcos Córdoba confesó haber anulado-. Y finalmente, que los frenos manuales fueron activados, pero no lograron detener la formación a tiempo.

Los principales condenados y un único detenido

En febrero de 2013 el juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral, y se realizaron dos, en 2015 y en 2017. El primero se hizo contra el motorman, los entonces directivos de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano, y los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Este debate oral en 2015 derivó en condenas a prisión para 21 personas: Sergio Cirigiliano recibió una pena de 9 años de prisión; Schiavi de 8 años (reducida luego a 5 años y seis meses); Jaime de 6 años (elevado luego a 7 años y en la actualidad está detenido y sometido a juicio en el marco de una pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción), y Córdoba de 3 años y 3 meses.

Un segundo juicio en 2018 llevó a la condena del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido, a cinco años y 8 meses de prisión por “administración fraudulenta”, aunque se lo absolvió de responsabilidad por las muertes. En concreto se lo acusó de no haber intervenido para controlar la gestión TBA, lo cual habría sido parte de su rol.

El 31 de diciembre pasado quedó en libertad condicional el expresidente de TBA al momento del choque, Carlo Michelle Ferrari, quien había sido condenado a 5 años de prisión por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “estrago culposo agravado”. Al igual que otros condenados, el exdirectivo de TBA tenía ya concedido el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir penas que vencen entre 2023 y 2024.

Más responsables de las 51 muertes, liberados en 2020n y 2021

Otros beneficiados con la libertad condicional entre diciembre de 2021 y enero último fueron los exdirectivos de TBA Jorge De los Reyes, Sergio Daniel Tempone y Carlos Pont Verges. En otro de los casos, Jorge Álvarez, también directivo de la concesionaria al momento de la tragedia, quien había sido condenado a seis años de prisión, recibió la libertad condicional el 9 de diciembre último y salió de la cárcel de Ezeiza, donde cumplía la condena que vencerá el 4 de octubre de 2024.

Schiavi, por su parte, salió en libertad condicional el 15 de noviembre pasado, al cumplir dos tercios de su condena a cinco años y seis meses de prisión, cuya pena vencerá el 4 de abril de 2024.

Por su parte, el maquinista Córdoba, con una pena de tres años y tres meses de cárcel, obtuvo la condicional en septiembre de 2020 y salió de la cárcel de Marcos Paz.

En cuanto al máximo responsable de la empresa TBA, Claudio Cirigliano, está con condena firme a 7 años de cárcel y tiene arresto domiciliario desde abril de 2021 por cuestiones de salud.

“Bronca e indignación” porque están libres casi todos los condenados

A diez años de la tragedia, María Luján Rey precisó: “Después de que se llevaron adelante dos juicios, todos los responsables fueron condenados, pero la mayoría de ellos tiene una condena ratificada por la Corte Suprema de la Nación y solo resta que la Corte ratifique la condena que se le impuso a Julio De Vido en el segundo juicio. Todos los condenados están gozando de algún beneficio, excepto Ricardo Jaime, que está cumpliendo condena por otros delitos. De todos los beneficios que han ido obteniendo, el que más nos genera indignación es el de Juan Pablo Schiavi porque tiene que ver con el uso de una herramienta que ha sido utilizada con otro espíritu favoreciéndose por el estímulo educativo previsto en la Ley de Ejecución de la Pena redujo su condena. Hoy esta con libertad anticipada. Genera bronca e indignación, porque las penas están para cumplirse sino carecen de sentido”, manifestó.

“Después de la tragedia de Once y por la lucha que llevamos los familiares acompañados por gran parte de la sociedad, el Gobierno en ese entonces se vio obligado a hacer un cambio en el material rodante. Se han hecho algunas obras tendientes al cambio de vías, en la gestión del gobierno anterior se trabajó mucho con los talleres, reabriendo el taller de Tolosa y el de Mechita. Obviamente falta mucho y el sistema ferroviario requiere de un trabajo constante y de todos los días. Los trenes tienen que tener un mantenimiento diario, rutinario y eso es lo que nos da la seguridad a los pasajeros a la hora de subirnos. No es una tarea que ese empieza y se termina. Sino que es una tarea que se debe continuar todos los días con la misma responsabilidad”, remarcó la diputada.

La importancia de poner plazos a Casación

“Como diputada nacional y en función de la experiencia vivida no solo por la tragedia sino en la búsqueda de justicia he presentado proyectos que tienen por ejemplo como fin que la Cámara de Casación tenga estipulados plazos para resolver un fallo. Hemos visto como algunas causas cuando llegan a estas instancias después de que un Tribunal, con lo que cuesta que una causa llegue a juicio y después de que se desarrolla y un Tribunal condena”, describió.

“Esas condenas son apeladas y la Cámara de Casación, al no tener plazos, puede dejar pasar años. Lo hemos visto en Cromañón: más de 10 años. Y esto hace que nunca se tenga una sentencia firme. Uno de los proyectos que he presentado y que afortunadamente fue acompañado de forma unánime en el recinto fue imponerle tiempos a la Casación. Este año espero el mismo acompañamiento a un proyecto que impulsa a que la Corte Suprema tenga estipulados los tiempos para resolver”, contó María Luján Rey a parlamentario.com.

Que el estímulo educativo no sea usado para que funcionarios universitarios reduzcan sus penas

Además, explicó que ha “presentado un proyecto que tiene que ver con lo del estímulo educativo para que al momento de otorgar la reducción de penas quienes hayan tenido algún tipo de instrucción intramuros tenga presente el grado de preparación de estudios que tiene el condenado al ingresar al penal. Porque no todos los condenados tienen la misma preparación. No son iguales. Y por ejemplo en el caso de Schiavi si tiene un título universitario pueda acceder al beneficio de reducción de la pena si hace algún post grado o maestría. Es decir, algo que sea de un nivel superior al título que tiene al ingresar a cumplir pena. Y que se tenga en cuenta que hasta cierto porcentaje de la pena puede ser reducida. Espero tenga pronto tratamiento”, confió.

“Se sigue adelante poniéndole mucha garra, muchas ganas. A veces es más difícil, cuesta más. Pero hay que poner la mirada en los que están. En mi caso, mi hija y mis nietas. Pensar qué hubiera querido Lucas de todos nosotros me ayuda a levantarme cada día y tratar de transformar el dolor que uno siente en algo que sirva para todos de una u otra manera. Transformarlo en cambios para el bien común”, expresó.

“Con ese espíritu peleamos con otras víctimas por la Ley de Víctimas. Hoy las víctimas tienen derechos que antes no tenían. Esas son las pequeñas cosas que impulsan para seguir adelante”, cerró la legisladora.