BUENOS AIRES. El abogado Francisco Cavallotti, apoderado del partido Dignidad Popular, presentó un amparo en los tribunales federales pidiendo que se declare inconstitucional las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema de fondo que nunca llegó a discutirse porque, hasta el momento les convino a todas las fuerzas políticas.
Según publicó LPO este viernes, se sospecha que detrás de la presentación subyace la intención de los gobernadores para saltarse las PASO en medio de la segunda ola de coronavirus.
Sin embargo, las intenciones se explican más por cuestiones políticas que sanitarias. Es que la mayoría de los gobernadores adelantó las elecciones provinciales. Con el adelantamiento, se sumó otra fecha más al calendario electoral.
Así, muchos distritos, estarán votando en una fecha relativamente cercana a Agosto. Por ejemplo, en Misiones, el gobierno dispuso que los comicios provinciales y municipales sean el 6 de Junio. Si el criterio para anular las PASO fuera estrictamente sanitario, los gobernadores no habrían desdoblado las elecciones y los comicios provinciales y municipales se realizarían en Octubre, con las generales.
Una maniobra de los gobernadores para dividir a la oposición
Allí comienza la especulación por los efectos políticos del desdoblamiento de elecciones con anulación de las PASO. Para los oficialismos provinciales, no sólo es crucial despegarse del gobierno de Alberto Fernández y su muy cuestionada gestión de la pandemia del coronavirus. También es muy importante que la oposición en cada distrito, no pueda unirse.
Para los armados provinciales, las PASO funcionan como el mecanismo regulador, que ordena los lugares en las listas, y, más importante, quiénes serán los candidatos.
Si no hubiera primarias, muchas fuerzas tendrían que presentarse por separado, para mantener sus candidatos sin una validación previa por los votantes. Ese escenario favorece a los oficialismos provinciales. Así, no es extraño que numerosos gobernadores opinaran en contra de la realización de las PASO este año. Y que Juntos por el Cambio exija garantías de que se realizarán las primarias este año.
El rechazo de JxC y del kirchnerismo duro
Precisamente, un punto de contacto entre el kirchnerismo duro y JxC es el interés para que las primarias se realicen. Desde la organización filoperonista, porque no se quieren perder la oportunidad de disputarles lugares en las listas a los gobernadores y desde el macrismo, para ordenar la lucha interna entre el ala dura, que encarnan Macri, Bullrich y el larretismo. Los radicales también buscan ganar terreno.
Lo cierto es que, en diciembre pasado, 21 gobernadores acordaron con el presidente avanzar en la suspensión de las internas abiertas pero el kirchnerismo frenó los proyectos en las comisiones del Congreso.
Ahora, la presentación del partido Dignidad Popular, que suele moverse de acuerdo a los intereses del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue interpretado como un nuevo intento para suspender las PASO, esta vez, desde los despachos judiciales.
Lo curioso es que el juzgado federal con competencia electoral no rechazó la presentación in límine, sino que dio curso al planteo de inconstitucionalidad y corrió traslado al Poder Ejecutivo para que en cinco días defienda la ley para que luego el juez determine la constitucionalidad o no de la norma.
El argumento de Cavallotti
Cavallotti apela al artículo 38 de la Constitución sobre los partidos políticos para considerar que las primarias abiertas son una intromisión en la vida política de las agrupaciones; “se inmiscuye en facultades propias, de exclusiva y necesaria competencia de los partidos políticos”, fundamenta.
En ese sentido, sostiene que la elección de los candidatos es el más importante acto de la vida institucional de los partidos y que con el sistema de votación abierta implica “dotar de una potestad protagónica en la elección de esos candidatos que es un menoscabo a los derechos y competencia de sus afiliados”.
Para ello, presentó una medida cautelar suspensiva de las elecciones de este año. Y en el mismo texto, introdujo un amparo sobre el fondo de la cuestión. Es decir, la inconstitucionalidad de la norma, según entiende el abogado.
Por lo pronto, el juez no da lugar a la cautelar, ya que argumenta que no hay ningún llamado formal a elección. Por lo tanto, no se puede suspender algo que aún no ha ocurrido. Y traslada al gobierno, para que se expida en los próximos cinco días.
