POSADAS. La fiscal Correccional y de Menores Uno de Posadas, María Laura Álvarez, en calidad de subrogante, había pedido este lunes al titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez, que entiende en la causa por las denuncias de acoso y abuso sexual en el Colegio Roque González, el inicio de una causa penal por distribución de material con contenido pornográfico contra los seis adolescentes acusados.
En concordancia son ese planteo, Álvarez solicitó que se decrete de inmediato la prohibición de acercamiento a las víctimas. Y también requirió al juez que ordene al Colegio que no les renueven la matrícula para el ciclo lectivo 2022 a los acusados. Junto con un arbitrio para que los adolescentes denunciados concluyan el presente ciclo lectivo de forma no presencial. Ello porque “la sola presencia de los menores en el aula implica un hecho violento” como es “someter a las víctimas a sus acosadores y abusadores”, argumentó la fiscal, según el diario PE.
Pero el juez Jiménez, después de analizar dichos requerimientos, decidió rechazar todos. Según la resolución a la que accedió MisionesCuatro, el juzgado en lo correccional “no hace lugar por los argumentos expuestos en los considerandos, los requerimientos del Ministerio Público Fiscal respecto de los menores, sin perjuicio de evaluar algunas sugerencias de la fiscalía en tal tenor y como medidas alternativas”.
Los argumentos de Jiménez contra la causa penal
En los considerandos, Jiménez argumenta que “corresponde entonces en orden al tratamiento de la presente, dejar claramente expuesto que estando frente a niños que aún no han cumplido los 16 años de edad, conforme lo dispuesto en el Art. 36 del CPA (Código Penal Argentino) ha de ser en definitiva declarado inimputable en la oportunidad procesal pertinente, resultando en consecuencia de aplicación al caso criterios normativos preferenciales en virtud de las características personales del sujeto, según seguidamente se expone”, sostuvo en su rechazo a los planteos de la fiscal.
“Debemos impregnarnos de formación y sensibilidad en la justicia juvenil, conociendo los estándares internacionales de aplicación obligatoria porque son derechos humanos y en dicho escenario, el niño ocupa una posición aún privilegiada”, replicó Jiménez en su escrito. Y se apoyó en el planteo del Dr. Carlos Tiffer, profesor de derecho penal de Costa Rica cuando este afirma que “el principio de justicia especializada es la obligación del estado de dar una respuesta diferente cuando el infractor a la ley es una persona menor de edad”.
Una resolución que genera controversia
El caso estalló el jueves pasado cuando un grupo masivo de estudiantes del Roque González organizaron una sentada en repudio a la inacción del Colegio, frente a las denuncias por acoso y abuso que hacía meses, venían formulando. Para entonces, ya eran virales las capturas de los mensajes crudos, pornográficos e irreproducibles que los acusados se hacían en un chat, en redes sociales. En estos mensajes, hablaban de secuestrar, torturar y violar a dos de sus compañeras.
Así, el viernes hubo una fuerte manifestación de estudiantes de diversas escuelas frente al Roque González, exigiendo, además de la expulsión de los señalados, que haya formación plena en Educación Sexual Integral en ese colegio confesional. Fue entonces cuando se presentaron denuncias penales contra los jóvenes de entre 14 y 15 años. Desde el Colegio, ya admitieron que será complejo que no convivan, las víctimas y los acosadores. Al tiempo que propusieron medidas educativas y sanciones. Sin llegar a la expulsión y no renovación de la matrícula. Justo lo que piden las denunciantes, organizaciones feministas y buena parte de la sociedad posadeña.
