[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”195886″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Unas cinco familias recibieron la notificación de desalojo en el barrio Manantial, pese a que tienen una residencia superior a los 17 años y cuentan con el certificado de vivienda familiar. Las familias y la ONG Techo, exigen que el Estado misionero intervenga para proteger a las familias que podrían perder sus viviendas. “Los procesos de desalojo no pueden darse sin ninguna alternativa”, comentó el referente de Techo, David Villarroel.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1536172024708-1cdf73b6-3f55-6″ include=”195885,195887,195888,195889″][vc_column_text]POSADAS. Unas cinco familias con más de 17 años radicados en la chacra 252 del barrio Manantiales, podrían perder sus viviendas tras recibir una orden de desalojo enviada por la justicia, fallando en favor del presunto propietario del terreno en el que se encuentran.
Acompañados por la ONG TECHO, las familias exigen que intervenga el Estado provincial para encontrar una salida al conflicto, que se habría suscitado por la negativa del propietario, a ceder los terrenos a cambio de una indemnización.
En diálogo con MisionesCuatro, el referente de TECHO, David Villarroel, subrayó que las familias poseen más de 17 años de permanencia efectiva en el lote en disputa, al tiempo que recalcó que todas poseen el certificado de vivienda familiar.
“Los procesos de desalojo no pueden darse sin ninguna alternativa”, insistió el referente de TECHO, quien reveló que han mantenido contactos con el Ministerio de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, pero no se logró una repuesta institucional por parte del municipio o la provincia, en favor de las familias sin título de propiedad.[/vc_column_text][vc_column_text]Por su parte, una de las afectadas, Yanina Fernández, aseguró que hace 18 años que residen en el lugar, y pese a contar con testimonios y pruebas de la estancia en el lugar, “mi defensora me dijo que yo sabía que ese lugar no me pertenecía y que tenemos que irnos. Cuando vine tenía 10 años. Mi mamá murió hace 3 años. Cuando lo compró, eran mejoras. No sabíamos que era un lugar privado. Pensamos que eran tierras fiscales”, relató la mujer.
Fernández explicó que su madre habría perdido el boleto de compra-venta por lo que sólo cuentan con los testimonios de los vecinos, para probar la residencia en el lote 4. La joven contó que vive con dos hijos pequeños, de 1 y 9 años; pero además, otra de las familias que recibieron la orden de desalojo, es la de su suegra, que está paralizada desde que sufriera un ACV (Accidente Cerebro Vascular)
La joven reveló que el supuesto dueño, en una audiencia, les pidió 400 mil pesos por el lote, “pero le dijimos que no tenemos ese dinero, que podemos pagarle cuotas, pero no esa suma”.
Por otra parte, Fernández cargó contra su defensora oficial, Natalia Ocampo, porque “nunca estuvo a mi favor” y “me dijo que no se podía apelar y que no había más nada que hacer”. “No tenemos a dónde ir. Hay vecinos que nos conocen hace mucho tiempo y nos van a apoyar. Si nos desalojan no tenemos a dónde ir. Son muchos chicos y mi suegra, que está en esa situación”, aseveró.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]
jmm.
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