Estupor de funcionaria ante hogar con ancianos hacinados

[vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1524585860901-9232f80b-0901-7″ include=”170776,170782,170790″][vc_column_text]Inés Arias, Subsecretaria de Adultos Mayores se mostró sorprendida por el estado en el que vivían unos 11 abuelos en un hogar clandestino, que fue clausurado este martes. “La presencia institucional nuestra, en este momento, es muy importante”, sostuvo y añadió: “Es un cuadro muy complejo. De los once (ancianos), cinco no tienen familia”.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. Este martes fue detectado y clausurado un geriátrico u hogar clandestino que tenía unos once ancianos hacinados, viviendo en condiciones deplorables. En medio del operativo la Subsecretaria de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Inés Arias, se mostró sorprendida por el hallazgo y la gravísima situación en la que se encontraban los ancianos en el inmueble de la calle Félix Aguirre 1634.

Según se pudo saber, una persona logró ingresar en el hogar antes de la llegada de la policía, y pudo extraer documentación comprometedora para los que lucraban con el geriátrico clandestino. Además, se llevó los DNI y tarjetas de débito de los ancianos.

Fuentes de MisionesCuatro aseguraron que el hogar, conocido últimamente como “Papa Francisco”, funciona hace unos seis años en forma irregular. Hay tres personas señaladas como los responsables del lugar, dos socios y una mujer, cuyo paradero se desconoce.

Once abuelos a la deriva

Arias habló con MisionesCuatro, señalando que se trata de un “cuadro complejo” y que de los once ancianos, cinco no tienen familia. Asimismo, algunas familias colocaron a los abuelos en este hogar no habilitado, porque no pueden contenerlos, debido a distintas situaciones familiares, de acuerdo con lo informado por la funcionaria.

Según la subsecretaria, “vinimos ayer a ver el Estado de situación y a partir de ahí, se desataron un montón de situaciones legales e ilegales, como querer llevarse los documentos de los abuelos. La presencia institucional nuestra, en este momento, es muy importante”, juzgó Arias, sin hacer referencia a la ausencia previa de DDSS, que posibilitó los maltratos a los ancianos.

La responsable de Desarrollo Social contó que “de los once” ancianos, “hay cinco que no tienen familia” y “hay otros que no los pueden tener”. Según Arias, están gestionando qué hacer con los abuelos: dos podrán ser alojados en el geriátrico de DDSS, pero los restantes deben ser contenidos y reubicados.

“Estamos contactando a las obras sociales, IPS y Pami, a ver cómo pueden hacerse cargo de esas situaciones. Estamos viendo cómo se va a resolver. También hablamos de revinculación con las familias, lo que también es complicado”, sostuvo.

De acuerdo con Arias, el hogar funcionó un mes de forma parcialmente legal, pero “hubo un préstamo y los que aparecían como responsable y el que firmó el contrato de alquiler, desaparecieron”, reveló.

Consultada por MisionesCuatro, la funcionaria admitió que el lugar “no está y no puede estar habilitado en estas condiciones”.[/vc_column_text][vc_column_text]

¿Connivencia de Desarrollo Social con los socios?

Por otra parte, Arias aseguró que gracias a la intervención policial, se pudo recuperar los documentos de los ancianos, sustraídos en forma ilegal. “Sí o sí, los abuelos tienen que estar reubicados. El dueño del lugar ya pidió la cancelación del alquiler”, añadió.

Sospechosamente, Arias evitó precisar si denunciarán penalmente a los responsables del hogar. “No hemos pedido a la policía que los investiguen. Vamos a tener una reunión en Defensoría del Pueblo y veremos cómo abordar las múltiples cuestiones y aspectos que tiene este tema y cómo nos ponemos a abordar los problemas”, expresó, un tanto nerviosa, la funcionaria de Desarrollo Social.

Esta postura llamó poderosamente la atención, porque todos los indicios apuntan a una estafa y abandono de persona, delitos graves que deben ser denunciados. Arias parece desconocer que como funcionaria pública está obligada a denunciar delitos. En caso contrario, la justicia la puede encontrar como cómplice de los delincuentes.

Es preciso destacar que la persona logró ingresar al hogar antes del operativo policial, y retiró documentos, pudo haber actuado con acceso a información privilegiada. Es decir, podrían haberle avisado de la clausura.

Las palabras de una trabajadora del lugar

Al respecto, Carmen Enríquez, una de las cuidadoras que trabajaba en el hogar clandesino, y una de las que presentó la denuncia, reveló: “los encargados no vinieron más. Veíamos que faltaban cosas para ellos (los abuelos). Se acercó una persona y nos orientó para que vayamos a hacer la exposición. Y así, nos hicimos cargo de los abuelos”, comentó la trabajadora.

En forma totalmente irregular, siguiendo el relato de Carmen, el sujeto responsable del hogar, les dijo a las tres empleadas que “no se hacía más cargo del lugar” y que asuman la responsabilidad las cuidadoras. “Él se fue y siguió la señora, la supuesta socia (del responsable). Ellos cobraron pero sólo una vez hicieron compras y faltaban cosas. Nosotros tuvimos que dar la cara”, contó.

Siguiendo el planteo de Carmen, los abuelos estuvieron bien cuidados hasta que se mudaron al inmueble clausurado, en el que claramente, los ancianos padecían hacinamiento.

La cuidadora admitió que es una preocupación “las tarjetas de débito (de los ancianos) que se llevaron (los delincuentes). Los propios socios, que son dos, son los que se las llevaron”, sostuvo Carmen.

Repreguntada al respecto, la trabajadora admitió que los ancianos y sus familias pudieron ser víctimas de una estafa por parte de los socios responsables del hogar, a quienes identificó como Sena y Rodríguez. A ambos, los señaló por el robo de las tarjetas de débito a partir de las que se pueden cobrar pensiones y jubilaciones de los abuelos damnificados. “Son socios y no dan la cara”, remató.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]