En un texto titulado “No más impuestos a la producción y al crecimiento”, la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas, consideraron que la iniciativa impone un nuevo impuesto que se suma a “la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.

“Es un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente”, indicaron.

En ese sentido, explicaron que en un intento de resolver el déficit fiscal que se acrecentó durante la pandemia se afectará “irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.

También señalaron que una de las principales contradicciones del proyecto es que “es contrario al federalismo, ya que al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.

Por último, criticaron que el título de la ley sea engañoso, porque “solo el 20% de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”.