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Asuntos Guaraníes “jamás estuvo” para defender a comunidades mbya en conflictos territoriales

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Lo dijo la abogada del Endepa, Roxana Rivas, quien advirtió que la Dirección Provincial que maneja “Miki” Verón, “está para obstaculizar y crear más conflicto” en las comunidades que sufren de intrusiones en sus territorios por parte de empresas que sacan rédito con el desmonte.

Asuntos Guaraníes “jamás estuvo” para defender a comunidades mbya en conflictos territoriales

POSADAS. La Dra. Roxana Rivas, integrante del Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa) cuestionó la política que emplea la Dirección de Asuntos Guaraníes (DPAs), un organismo que hace décadas preside Arnulfo “Miki” Verón y que este año, cuenta con un presupuesto de $67.144.000.

Según la abogada que representa a algunas comunidades mbya de Misiones, la DPAs, “jamás estuvo” para defender a las aldeas en conflictos de territorio. Y al contrario, Asuntos Guaraníes “está para obstaculizar y crear más conflicto” toda vez que una comunidad mbya formula un reclamo de tierras, o intenta defenderse de intrusiones vinculadas a los desmontes.

En diálogo con MisionesCuatro, Rivas se refirió a casos de usurpación de tierras ancestrales y desmontes ilegales, mencionando que, desde el Endepa, están tramitando medidas judiciales para proteger a comunidades, entre otras, de San Ignacio, de Kaa Kupé y las del valle valle del Cuñá Pirú de Aristóbulo del Valle. “Venimos denunciando como en los territorios de las comunidades, se está autorizando (las intrusiones y desmontes). En ese caso por el Ministerio de Ecología, con Carba. Tuvimos que presentar un amparo contra (el desmonte) en plena cuarentena, que la jueza terminó reconduciendo porque la empresa, por oportunismo, decidió dejar la tala. Ahora recomenzó las obras”, denunció la abogada.

Para Rivas, la política de “no controlar el manejo de los montes”, en el caso de San Ignacio es “paradigmática”. “En dos años, constantemente el objetivo es ingresar para desmontar varios tacuarales. Hicimos la denuncia en Mayo y recién en Agosto, fueron convocados para ampliarla. La zona del Cuña Pirú restituida por la UNLP (Universidad Nacional de La Plata). Pero cada vez se instalaron más intrusos con el aval del municipio, según denuncian (las comunidades). Es dura la pelea cuando no tenemos un sistema de justicia que responda de forma pronta a estas cuestiones”, planteó la abogada del Endepa.

“En la zona de San Ignacio, no conseguimos que les tomen las denuncias en las comisarías. Pedimos que los caciques muden las comunidades para ir a los juzgados. El monte es de todos, pero constantemente van avanzando”, alertó la abogada, que volvió sobre el conflicto con la empresa Carba, para cuestionar el posicionamiento del ministro de Ecología, Mario Vialey. “Salió a defender a la empresa como si fuera más ‘ecologista’ que las comunidades, y denunciando que las aldeas hacen ml uso de suelo. Cuando ellos (los mbya) vienen haciendo denuncias desde hace años y no hacen nada”, bramó.

De acuerdo con Rivas, “en general, para la defensa de los derechos, está la legislación. Pero si el Estado no garantiza sus derechos, es imposible las comunidades hacerlo. No tienen los medios para hacer un control de territorios, mucho menos para impedir intrusiones. Algunos sufrieron amenazas”, consideró.

La política de Asuntos Guaraníes

Ante la consulta sobre el rol de la Dirección de Asuntos Guaraníes (DPAs), Rivas consideró: “Es un capítulo aparte. Las comunidades están resignadas a que (la DPAs) no existe. Hay más de 100 comunidades con personería jurídica. Pero lo que la DPAS administra depende del nivel de obsecuencia en las aldeas. En las luchas territoriales, la DPAS jamás estuvo. Al contrario, están para obstaculizar y crear mayor conflicto. Sería interesante que se haga una auditoría sobre el manejo de recursos de la DPAs”, puntualizó la abogada sobre el organismo que maneja Verón, con un presupuesto de más de 67 millones de pesos en el presente ejercicio.

En esta línea, Rivas denunció que ahora, Asuntos Guaraníes está utilizando a una “supuesta abogada mbya, ya contratada por la DPAs. No pertenece a ninguna comunidad y no se crió en las comunidades. Pero ya la están embanderando y legitimando con ella, cuestiones sin consultas a las comunidades. Esas son las típicas prácticas de Asuntos Guaraníes”, recalcó la abogada.

“Hay una decisión política de las autoridades mbya legitimadas, de trabajar por su lado como si no existiera la Dpas. Es una pena, porque son recursos que, si se pudieran disponer para los pueblos, serían sumamente valiosos”, subrayó Rivas. “Una práctica común (de la DPAs) para amedrentar a los caciques que se les oponen, son las persecuciones policiales, denuncias penales y amenazas”, remató la abogada del Endepa.

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