POSADAS. “El macho misionero está sometiendo a la mujer y la justicia le está diciendo, sométanse porque no va a pasar nada”, disparó Rodrigo Bacigalupi, el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), quien opinó que no habrá una investigación judicial sobre el escándalo del IFAI (Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial) que derivó en la renuncia de su titular, Marcelo “el Turco” Rodríguez, luego de la viralización de chats privados que se le atribuyen al ex funcionario. “De confirmarse la historia de intercambio de favores sexuales para poder acceder a un beneficio, sea de un sueldo o contrato, estaríamos hablando de cinco delitos, más el agravante del art 36 de la Constitución, que lo considera un delito contra la democracia”, argumentó Bacigalupi, en diálogo con MisionesCuatro.

En diálogo con MisionesCuatro, Bacigalupi se mostró escéptico y hasta pesimista, respecto de que exista una investigación penal en el Juzgado de Instrucción 6 a cargo del juez Walter Balor, cuyo fiscal sería el Dr. René Germán Casals (Fiscalía 6). “No estamos sobre el caso y no sabemos si va a existir. Porque eso ocurre cuando la justicia decide intervenir. E investigar un determinado hecho para ver si configura o no un delito”, comentó el profesor universitario.

Los presuntos delitos a investigar en el escándalo dentro del Instituto

“A primera vista, al involucrar bienes del Estado, actividades o servicios a prestar al Estado por personas a cambio de alguna contraprestación de algún tipo que no corresponde a la prestación propia del servicio, lo que habría que investigar, es la malversación de caudales públicos, donde el código penal establece una pena de 1 a 3 años. O de 2 a 10 años (de prisión) si es agravado”, precisó Bacigalupi. Y añadió que en este caso: “Podemos investigar también la posibilidad de un cohecho. Es decir, que haya un intercambio de favores entre un funcionario público y la persona que lo requiere”, precisó.

Asimismo, otro de los delitos posibles es del de las “exacciones ilegales o abuso de autoridad. Hay una pena de 6 meses a 2 años (cohecho). Y entre 1 y 2 años de pena (abuso de autoridad)”, explicó el letrado.

“Por lo general, lo que corresponde en estos casos es deslindar toda responsabilidad del funcionario en el doble sentido: para que, si no cometió ningún ilícito, salvaguardar su honor y honra. Y segundo –porque todo ciudadano se presume inocente–, proteger el patrimonio de nuestro Estado provincial”, planteó Bacigalupi.

Debería iniciarse un sumario administrativo a la par de una investigación judicial

En esta línea, el ex vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) sostuvo que “si se vio afectado” el erario público “debería iniciarse un sumario administrativo, que es una investigación interna, dentro de la institución y con controles externos para evitar que desaparezcan pruebas y elementos que puedan llevar a una sanción administrativa”, puntualizó.

“Y en paralelo, lo que ocurre en cualquier país ordenado, es una investigación judicial para verificar o no la existencia de estos delitos”, acotó Bacigalupi.

De acuerdo con el constitucionalista, “de confirmarse la historia de intercambio de favores sexuales para poder acceder a un beneficio, sea de un sueldo o contrato, estaríamos hablando de cinco delitos. Más el agravante del artículo 36 de la Constitución, que lo considera un delito contra la democracia”, sostuvo el abogado, insistiendo que este tipo de delitos implican que el funcionario “no sólo se corrompe él, sino también al pueblo, es lo más grave de lo que estamos analizando”.

El agravante de los delitos contra el erario público, los plazos de prescripción y el rol de los fiscales

“En nuestra nación, a partir de la Constitución del año 94, todo delito contra la administración pública está condenado especialmente. Además de denominarlo ‘traidor a la Patria’ a quien estafe al erario público, están considerados como que atentan contra el sistema democrático. Esto es muy grave. Y si bien hay una discusión doctrinaria el 99% de los abogados entienden que estos delitos no prescriben”, insistió Bacigalupi, quien añadió que el plazo de prescripción, recién comienza “una vez que el funcionario perdió todo poder en el lugar donde prestaba servicio”.

No sin una cuota de ironía, Bacigalupi insistió en que, “aplicando esta doctrina, recién correrían los plazos de prescripción para investigar la acción penal en 2032. Es decir, nuestras autoridades tienen hasta 2032 para cerrar la investigación”, disparó Bacigalupi. Y recalcó que se recomienda “no someterse a los plazos tan largos porque se pierden las pruebas, los testigos desaparecen o mueren, y pasan cosas, naturalmente, ni siquiera dolosamente”.

Adelantando lo que es su postura como abogado y ciudadano, Bacigalupi planteó: “Uno espera que estos delitos, de confirmarse, sean investigados y sancionados. Más cuando se trata de mujeres por la perspectiva de género que debe regir a toda actuación de funcionario público, incluida la Justicia”, dijo.

“Los fiscales, si advierten que hubo un aprovechamiento de un género, de unas mujeres, no investigar ese abuso, toma de ventaja desde un sector de poder, constituiría de por sí un incumplimiento de deberes del funcionario público, porque no están haciendo lo que deben hacer en protección de los derechos del género femenino”, advirtió el constitucionalista.

“Los fiscales y jueces pueden actuar de oficio, pero si hay alguna expectativa de investigación, olvídense”

Sin embargo, Bacigalupi explicó: “En nuestra sociedad patriarcal (el femenino) es el género más disminuido y que muchas veces tiene que caer en situaciones de indignidad. Lo que lleva, sobre todo a mujeres, a prestarse a actividades que no se corresponden con las exigencias de todo funcionario público”, expresó.

Para Bacigalupi, en democracia se elige a funcionarios para servir al bien público “y no que se aprovechen de las mujeres o de la situación de poder”.

En cuanto a la actuación de la justicia misionera, Bacigalupi volvió a reiterar sus resquemores respecto de una posible paralización de la pesquisa. “Los fiscales y jueces pueden actuar de oficio, ante la ‘notitia criminis’”, manifestó Bacigalupi sobre un accionar de oficio ante noticias de las que se infiere una posible comisión de delito. Así, los fiscales “tienen la potestad de presentar una denuncia ante el juez competente y este impartirá las instrucciones. Aunque creo que no va a ocurrir, esto no ocurre en nuestra provincia. Si hay alguna expectativa de investigación, olvídense”, sentenció el abogado.

“El macho misionero está sometiendo a la mujer y la justicia le está diciendo a la mujer, sométanse porque no va a pasar nada”

Ante la consulta de este medio, Bacigalupi elaboró una posible explicación para el no avance de una hipotética causa en este caso. “Creo que es porque están todos del mismo lado. Esta ausencia de perspectiva de género está en todos lados. Abandonan a la mujer de modo directo como sería este caso”, afirmó el abogado, añadiendo que en este caso habría “violencia económica, sexual, abuso de autoridad, hay una especie de sometimiento”.

“El macho misionero está sometiendo a la mujer y la justicia le está diciendo a la mujer, sométanse porque no va a pasar nada”, fustigó Bacigalupi sobre el escenario de no investigación penal sobre el escándalo en el IFAI, que ya llegó a medios nacionales.

A este respecto, Bacigalupi argumentó que las penurias económicas, afectan a la dignidad de las personas, haciéndose posibles este tipo de situaciones. “Sabemos que en nuestra provincia hay más de un 50% de pobreza y la situación de pobreza incide mucho en la dignidad de la gente. Mantener al ciudadano provincial pobre es un negocio, pareciera que hasta sexual. Entonces a la mujer la puedo explotar y someter, total le doy un sueldito de 20 o 30 mil pesos y con eso la exploto cuando la necesito”, bramó el abogado, lapidario contra el abuso de poder y la explotación.

El caso “es tan vergonzante la situación que es difícil que una mujer reconozca esto”

Sin embargo, Bacigalupi insistió en que todo esto aparece de acuerdo con “los trascendidos que surgen en los medios hasta a nivel nacional” del famoso escándalo que tiene como protagonista a Marcelo Rodríguez, pero que salpica a otros funcionarios y a todo el partido gobernante de la Renovación.

Respecto de la investigación, Bacigalupi subrayó que “hoy la prueba informática y virtual es esencial, la que surge de los registros de celulares, de conversaciones e intercambios de mensajes. En este caso seguramente habrá testigos suficientes para acreditar los hechos. Pero es tan vergonzante la situación que es difícil que una mujer reconozca esto”, admitió el abogado, quien consideró revictimizante que se obligue a las mujeres a declarar en esta causa –si se constituye como tal.

“Sería revictimizarla, pedirle a la mujer que tuvo que hacer esto someterse a esta situación por necesidad o lo que sea. Si fuera fiscal no le exigiría un testimonio. Bastaría con que reconozca el intercambio de whatsapp. Y si (los chats) no son propios investigaría de donde vienen”, consignó.

“La investigación no sería difícil. Es revisar los celulares, hacer una buena prueba informática de los mensajes y con eso se puede obtener una buena primera impresión para avanzar”, precisó.

No obstante, Bacigalupi volvió a machacar sobre un posible “cajoneo” del caso. “Les adelanto que no va a pasar (una investigación). Porque la perspectiva de género en Misiones es contraria. La mayoría de los jueces abandonan a la mujer cuando tienen que dictar sentencia. (Defiendo) a mujeres. Y noto que son el último orejón del tarro. Hablo en general, no en particular. Pero la realidad es que no ha impactado en Misiones en protección (de género)”, concluyó.

Guía Actualizada del Poder … by José Mauricio Martínez