[vc_row][vc_column][vc_column_text]El letrado Matías Ochoteco sostuvo que su cliente pagaba una mensualidad de alquiler por la vivienda del funcionario Walter Pintos Garro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“Era inquilino”, aseguró el abogado Matías Ochoteco sobre la situación de su cliente Abel Domínguez  en la casa del escribano de Gobierno Adjunto Walter Pintos Garro, cotitular junto con su esposa Gabriela Monjes de unas de las viviendas construidas por el Iprodha en Posadas.

“Habitaba esa casa en carácter de inquilino y pagaba un abono mensual”, remarcó el letrado contradiciendo así la negativa de la representante legal de Garro y Monges, quien había expresado que el notario solo le otorgó las llaves a Domínguez para realizar un servicio en el marco de un vínculo de amistad.

“La casa permaneció habitada por el señor Domínguez hasta que la señora Monges le intima a desocuparla o pagar un millón de pesos”, narró Ochoteco. Y continuó: “en esa instancia, toma conocimiento de que el Iprodha dictó una resolución para otorgar la adjudicación a quienes figuran como inquilinos”.

En ese contexto, Domínguez expone su caso ante el organismo provincial habitacional y seguidamente –siempre de acuerdo con los dichos del letrado- comenzó a “recibir amenazas” por parte de Monges.

“Se desató una locura de ciencia ficción. Fue un fraguado civil y policial al mejor estilo de la dictadura”, opinó el abogado a cerca de la situación que atravesó su cliente hasta dejar al descubierto este nuevo caso que involucra a un funcionario provincial en un escándalo por una ilegalidad.

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“Jamás se le alquiló la casa”, dijo la Abogada de Pintos Garro [/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]