POSADAS. “Si se llegaba antes, se hubiese planteado la necesidad de una internación y la evaluación de cuál era el riesgo de estos niños, de quedar al cuidado de esta señora”, admitió el Director Provincial de Salud Mental, Nicolás Aranda, al referirse a la muerte de Lucía Valdez (3) y Santiago Valdez (7), quienes fueron arrojados al río Paraná por su madre en Eldorado, el pasado 6 de diciembre.

Se trata de una mujer de 34 años que padece esquizofrenia, que no presentaba adhesión al tratamiento y cuya última entrevista con el Servicio de Salud Mental de Eldorado, fue en Noviembre, es decir, varios días o semanas antes de la terrible decisión de la mujer que también trató de quitarse la vida, fue rescatada del río por pescadores y ahora está detenida y acusada del doble homicidio de sus hijos.

Según Aranda, desde el SSM de Eldorado le revelaron que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando con esta mujer, a quien no veían desde Noviembre. Pero, en este sentido, el funcionario aclaró que dependen de órdenes judiciales para las internaciones y del acompañamiento de la familia de los pacientes, para lograr un correcto seguimiento de los casos.

El final del modelo manicomial y su cambio por el modelo comunitario

En una extensa entrevista con el Noticiero de MisionesCuatro esta semana, Aranda se refirió a algunos de los pormenores del caso y a cómo se implementa la Ley Nacional de Salud Mental en Misiones, una norma que cumple 13 años y cambió el modelo “manicomial” donde las personas con padecimientos mentales eran recluidas en instituciones psiquiátricas, “por tiempo indeterminado y sin finalidad terapéutica, sino simplemente para sacarlo se circulación del medio social”.

“Eso cambia con esta ley que propone un abordaje comunitario, integral, donde se plantea que es más eficiente para el Estado, realizar los tratamientos en la comunidad y donde la internación es el último recurso”, detalló el funcionario sobre el cambio de paradigma en las políticas hacia la Salud Mental.

“Si llegaba a una consulta era fácilmente planteable pedir una internación para estabilizarla”

Entrando de lleno en el caso de Lucía y Santiago Valdez, y su madre que padece de esquizofrenia, Aranda comentó: “Lamento profundamente la pérdida de la vida de dos niños, y lamento que se ventile un diagnóstico (de esquizofrenia) porque se abona a la estigmatización de este tipo de padecimientos. Tenemos muchísimas personas con este diagnóstico bajo tratamiento en el Equipo de Salud Mental y no sería productivo que se las asocie con conductas de este tipo, tan terribles”, se lamentó.

Según Aranda, se comunicó con el Servicio de Salud Mental de Eldorado, que funciona en el Hospital Samic y “tenían a cargo el abordaje de esta señora y (en el equipo) planteaban que había dificultades de adherencia al tratamiento. Se había trabajado con medicación y entrevistas, pero había dificultades en la adhesión”, reveló el secretario, sobre lo referido por ese equipo.

“Lo que hablé con la jefa del Servicio de Salud Mental de Eldorado es que su última consulta fue en Noviembre, y se estaba tratando de contactarla para ver qué había pasado con esta discontinuidad del tratamiento (por esquizofrenia) Creo que si se llegaba antes, se hubiese planteado la necesidad de una internación y la evaluación de cuál era el riesgo de estos niños, de quedar al cuidado de esta señora”, planteó Aranda, quien no obstante, también aclaró que debió intervenir la Justicia.

“Si llegaba a una consulta era fácilmente planteable pedir una internación para estabilizarla. Y garantizar la estabilidad de todos. No hubo adhesión (al tratamiento), el equipo no estaba en conocimiento del estado de esta señora”, remarcó Aranda, quien recordó que la mujer también trató de quitarse la vida.

La clave del seguimiento de los casos: el rol de las familias y allegados de los pacientes

Respecto de la implementación y funcionamiento de la Ley de Salud Mental, Aranda insistió en que “no se puede pensar sin el acompañamiento del grupo familiar, de la familia o de allegados. El entorno es clave y queremos que entiendan que el bienestar y estabilidad de estas personas depende de acompañarlos”, argumentó.

Y dejó en claro que acompañar al paciente no necesariamente implica estar todo el tiempo con el mismo. “Acompañar puede ser informar estas situaciones, por ejemplo, si hay una persona que está manifestando ideas de quitarse la vida. Si están acompañando el tratamiento, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con el equipo tratante para poder tomar las medidas pertinentes”, afirmó.

“Lo mismo si una persona tiene indicada medicación, como en la esquizofrenia, donde los tratamientos son crónicos y se interviene con medicación constante. Si no hay adhesión al tratamiento, pueden informar al equipo tratante para tomar medidas y evitar este tipo de situaciones, que son excepcionales”, puntualizó Aranda, aunque remarcó que no quiere responsabilizar a la familia por la pérdida de los hermanitos Valdez.

Repreguntado, Aranda explicó que los servicios de salud mental trabajan con psicólogos en psicoterapia y con psiquiatras en el tratamiento farmacológico, y “dependiendo el caso, va a ser un abordaje semanal, quincenal, mensual. En ese lapso, el cuidado queda a cargo de la familia. Si bien hay visitas (a los hogares de los pacientes) siempre hay un lapso en el que la persona queda a cuidado de sus familiares”, enfatizó.

Sin embargo, Aranda admitió que “sería una irresponsabilidad del equipo si no atiende” a pedidos de intervención o alertas que formulen los familiares de las personas con padecimientos.

¿La Justicia debió intervenir o el Servicio de Salud Mental debió estar al tanto del riesgo que corrían los niños?

De todas formas, muchos de los casos de personas bajo tratamiento de salud mental, están “entrecruzados con cuestiones judiciales y depende de la justicia la toma de decisiones”, puntualizó. Y en el caso de esta mujer “si había conocimiento (antecedentes) de conductas de riesgo, ¿qué pasó que no se promovió la protección de estos niños? Hay que ver si la justicia estaba al tanto y qué pasó en la falta de articulación”, consignó.

No obstante, insistió en que los Servicios de Salud Mental dependen de la Justicia para determinadas situaciones. “Hay que tener en cuenta que, en la restricción de una capacidad, internación involuntaria u otras medidas en ese sentido, siempre vamos a trabajar con la justicia”, analizó.

De acuerdo con Aranda, en 2021, casi 4300 personas se atendieron en los SSM, y ahora están necesitando la “informatización de esos registros. No sólo acá, en todo el país, todo lo que tuvo que ver con salud mental no se financió de manera correcta. Y tenemos muchas historias clínicas en papel. Hay que hacer la trasposición a un sistema digital, para poder hacer un mejor seguimiento”, concluyó.