Justicia

Caso Gauto: hace 10 meses que el hijo de la víctima no puede ser querellante y apuntan al juez Monte

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Según el abogado Arturo José Irigoyen Cúndom, que representa a Daniel De Jesús en el caso del femicidio ocurrido en 2010 en Posadas, “en la generalidad, la justicia excluye a la víctima del proceso”. Algunos jueces “por la manera de manejarse, desconocen el contenido de esa ley nacional del derecho de las víctimas”, disparó.

Caso Gauto: hace 10 meses que el hijo de la víctima no puede ser querellante y apuntan al juez Monte

POSADAS. De acuerdo con el abogado Arturo José Irigoyen Cúndom, la justicia misionera, en la generalidad de los casos, no da participación al querellante y a las víctimas a los procesos penales, pese a que la ley nacional de las víctimas (Ley 27.372) y el Código Procesal Penal de la provincia, así lo permiten.

Según el representante de Daniel De Jesús, el hijo de Ramona Gauto, algunos jueces se manejan como si desconociesen el contenido de esta ley nacional vigente, y tratan a víctimas y querellantes como un estorbo en los procesos penales.

“En la generalidad de la justicia excluye a la víctima del proceso, y también de la participación que el Código (Procesal Penal) regla a través del Artículo 76 que se refiere al querellante particular”, comenzó diciendo Irigoyen Cúndom, en diálogo con MisionesCuatro.

Diez meses sin que Monte permita ser querellante al hijo de Ramona

Según el letrado en el caso Ramona Gauto ya llevan “10 meses sin que nos constituyan como querellantes”.

Esto ya había sido mencionado por el propio Daniel De Jesús, que denunció públicamente que el juez de instrucción 2, Juan Manuel Monte, mantiene su postura de impedirle acceso al expediente como querellante particular. El dato no es menor porque Daniel es hijo de la mujer asesinada a golpes el 29 de Mayo del 2010 y también es hijo de Jorge De Jesús, el único acusado y condenado por el crimen, en un fallo que está apelado. Y en una causa en la que hay cuatro sospechosos detenidos –y excarcelados- por amenazar de muerte a la familia de la víctima.

Sin mencionar al propio Monte, el abogado de De Jesús, aclaró que el problema de la exclusión de víctimas y querellantes de procesos penales, es un mal generalizado en la justicia misionera. “No es la única causa. En general, la justicia se toma demasiado tiempo para darle participación a la víctima, con todas las facultades del fiscal, y que pueda intervenir en el proceso. La Justicia se equivoca y cree que la víctima viene a molestar en el proceso. En realidad, vienen a colaborar. El fin del proceso penal es que se sepa la verdad real. Por su puesto, tienen sus intereses, pero la justicia se equivoca y los excluye. Es una exclusión tácita”, puntualizó Irigoyen, insistiendo en que el Código Procesal Penal tiene reglamentada esa facultad.

“Tendría que ser automática la constitución del querellante”

Ahondando en este tema, Irigoyen explicó: “Sólo se puede oponer (a la inclusión de la víctima como querellante) el imputado o el ministerio público fiscal, pero por cuestiones formales, de legitimación”, detalló el abogado, que insistió en que “si está acreditada” la identidad de la víctima o su nexo familiar con la víctima, no puede haber exclusión.

“Tendría que ser automática la constitución del querellante, pero no es así. Creo que la justicia piensa que venimos a molestar”, reiteró el abogado, y resaltó: “a la víctima, se le puede dar participación automática y esto no sucede”.

En esta línea, Irigoyen denunció que la víctima en Misiones, “está excluida de todos los actos preliminares cuando se empieza a investigar un delito”.

Los jueces de instrucción que ¿desconocen la Ley 27.372?

Sin embargo, Irigoyen fue más allá, al señalar que no sólo el código penal permite la inclusión de víctimas y querellantes particulares, sino que, además, una ley nacional lo establece. “Tenemos una ley nacional del derecho de las víctimas, más amplia que nuestro código, que es de aplicación en la provincia. Pero entiendo que algunos jueces, por la manera de manejarse, desconocen el contenido de esa ley nacional, que le da a la víctima, las facultades del querellante”, disparó en obvia referencia al juez Monte.

Y luego cargó contra la mayoría de los jueces de instrucción misioneros. “Cuando una víctima va al juzgado, nadie les informa que pueden participar en el proceso y aportar pruebas. La ley nacional dice que el Estado debe pagar los gastos de las víctimas. Y habla de un patrocinio gratuito”, recalcó Irigoyen, añadiendo que “hay un proyecto de ley tratándose en la provincia” sobre el patrocinio de las víctimas.

Sobre el final, Irigoyen aclaró que “la justicia está colapsada”, lo que explica las demoras en los tiempos procesales. “Pero es por el sistema inquisitivo, que es arcaico. Tenemos al juez y al fiscal investigando contra un defensor solitario y es muy difícil. El juez deja de ser imparcial, pero eso está autorizado por nuestro código”, advirtió el abogado.

No obstante, Irigoyen aclaró: “Además del colapso no hay voluntad. Hay algunos juzgados que atienden un poco mejor a las víctimas. Pero en general, no se van conformes”, remató.

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