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Closs no rindió $52 millones de fondos para bosques

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La Oficina Anticorrupción denunció la asignación de 1.100 millones de pesos sin control en el Fondo Nacional para la conservación de Bosques Nativos. En esa extensa investigación, transformada ahora en denuncia penal, se describe que Misiones, entre 2010 y 2016, nunca se dignó a transparentar el uso de $52.694.547 para proteger los bosques nativos. Ya lleva 28 pedidos de prórroga en el trámite.

Closs no rindió $52 millones de fondos para bosques

POSADAS. La Oficina Anticorrupción (OA) presentó ante la justicia una denuncia penal por irregularidades en la gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos desde 2010. Entre ese año y 2016 las autoridades del Fondo (dependiente del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable) transfirieron a las provincias $1.506.335.984, pero sólo se rindieron el $349.676.660; lo que equivale a un 23% del total.

El caso fue denunciado por Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, donde se constató que, en el caso del Gobierno de Misiones, las autoridades del Ministerio de Ecología nunca presentaron ni un papel para transparentar el uso de $52.694.547.

En el año 2009 se sancionó una ley destinada a proteger los bosques nativos a través de la implementación de políticas de conservación y manejo sostenible. El Fondo, previsto en la ley, debía girar fondos a las distintas provincias. Estas debían aplicar el 70% de lo recibido en compensaciones a los titulares de tierras en cuyas superficies se conserven bosques nativos. El otro 30% tenía como fin desarrollar e implementar programas de fortalecimiento. Para ello se establecieron requisitos específicos de control y rendición de cuentas que no cumplieron.

Misiones: una larga cadena de prórrogas

En el caso específico de Misiones, la Oficina describió que desde el año 2010, hasta marzo de 2017, el Gobierno nacional transfirió al Ministerio de Ecología de la Provincia la suma total de $55.563.399, 86.

De ese total, durante los dos mandatos de Gobernador del actual senador Maurice Closs y de la gestión de la arquitecta Viviana Rovira como Ministra de Ecología, el Poder Ejecutivo misionero sólo presentó documentaciones para rendir la efímera suma de $2.868.852.

En un cuadro, la Oficina detalla los montos transferidos a todas las Provincias, lo total rendido, en estudio, los pedidos de prorrogas, y los totales pendientes de rendición.

Allí, el Gobierno de Closs -y el primer año y medio del gobierno de Hugo Passalacqua (con Verónica Derna como ministra)- acumuló un total pendiente de rendición de $52.694.547. “En estudio de rendición hay $4.654.609 y se concedieron un total de 28 prórrogas a la Provincia para que presente los papeles, una de los distritos que más dilató las rendiciones de esos fondos”, señala la denuncia penal.

Investigación penal

La Oficina detectó irregularidades en la gestión de este fondo desde su inicio hasta la actualidad y en todas las provincias que cuentan con bosques nativos. La falta de rendición de cuentas no hizo que las autoridades del Ministerio de Ambiente suspendieran los pagos. Por el contrario, se otorgaron prórrogas sucesivas.

Un informe de auditoría señaló que “las áreas técnicas provinciales no pudieron informar ni evidenciar la efectiva aplicación de los fondos y el destino que sus jurisdicciones provinciales daban al 30%, previsto para fortalecer estas mismas áreas de bosques” y que “la falta de capacidad logística y de recursos humanos con perfil técnico para realizar visitas e informes de relevamiento afecta sustancialmente a los objetivos de la Ley y produce demoras en los desembolsos que perjudican a los beneficiarios”.

A su vez, un informe de Sigen que analizó la rendición de cuentas de todas las provincias encontró facturas repetidas, discrepancias en fechas de emisión y facturación, facturas de ejercicios anteriores al período rendido, facturas con fechas anteriores a la transferencia de fondos y otras inconsistencias.

Para la OA “quedó en evidencia una grave falta de control en la aplicación de los recursos, una falta de rendición del destino de los fondos, y en donde incluso existieron rendiciones rechazadas por no existir un debido respaldo documental de las operaciones efectuadas”.

Y concluyen que “más allá de que las rendiciones de esos fondos fueron sucesivamente prorrogadas por distintas administraciones con el sólo fin de poder seguir girando fondos cuando la propia normativa así lo prohibía, lo que está poniendo en evidencia dicha circunstancia es un total desmanejo de los fondos públicos, en donde se desconoce si fueron ellos destinados a los fines originariamente previstos o aplicados a otros distintos aunque también públicos –lo que podría configura la hipótesis de malversación caudales- o incluso si fueron ellos sustraídos del ámbito público para el propio beneficio de los funcionarios públicos responsables de su manejo o de un tercero –hipótesis defraudatoria-, lo que no puede descartarse frente a las constataciones realizadas por la auditoría”.

También se detectó irregularidades en la delimitación de los territorios considerados como “bosques nativos” a los fines de la asignación de recursos, en donde se declararon superficies que no se correspondían con la existencia de bosques nativos o por el contrario se omitieron declarar bosques nativos donde sí los había. Incluso se incluyó territorios correspondientes a Parques Nacionales, algo que no estaba previsto por la Ley.

La Oficina reclamó que la justicia “investigue, por un lado, la conducta de las funcionarios responsables de las distintas jurisdicciones provinciales que eran los encargados de ejecutar los fondos y aplicarlos al fin previsto por la ley, y por el otro, la responsabilidad de las autoridades nacionales, quienes no controlaron la actividad de las jurisdicciones locales y pese a no haberse aprobado las pertinentes rendiciones siguieron girando fondos, en una suerte de flujo constante sin control, concediendo prórrogas y habilitando transferencias cuando no se cumplían los requisitos mínimos para ello”.

Los posibles delitos señalados son malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.

FSV.

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