Con el aval del STJ, el Juez de Faltas de Oberá demanda a la Municipalidad

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones hizo lugar a la demanda contencioso administrativa entablada por el Juez de Faltas de Oberá, Francisco Sá, contra la Municipalidad, por un reclamo salarial.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1529496755484-535e9120-29ff-0″ include=”181597,181600,181598″][vc_column_text]OBERÁ. Francisco Sá reclama el cumplimiento del artículo 152 de la Carta Orgánica a favor de cobrar el ochenta por ciento del salario del intendente. Para las huestes de Carlos Fernández es cuestión de interpretación: dicen que no está claro si ese ochenta por ciento se desprende del salario básico o del salario de bolsillo (compuesto por adicionales que varían). Hasta el momento Sá viene cobrando el ochenta por ciento del salario básico del alcalde. Y entiende que el porcentual debe deducirse del salario de bolsillo.

Una vez agotadas las instancias de diálogo-según Sá-y que incluyeron la mediación del Concejo Deliberante, el juez de faltas presentó la demanda que ahora la máxima instancia jurídica de la provincia consideró viable.

¿Qué dice exactamente el artículo 152 de la Carta Orgánica de Oberá?

ARTÍCULO 152º.- Los Jueces percibirán el equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración que percibe el Intendente, y sus respectivos Secretarios el setenta y cinco (75%) de lo que percibe el Juez.

En los últimos años el contribuyente obereño ha pagado:

-62 millones de pesos que Ewaldo Rindfleisch dejó de rojo en la comuna.

-cientos de millones de pesos que el mismo grupo político dejó en la CELO.

-dos ediciones de la Fiesta Nacional del Inmigrante (2016 y 2017) fueron a parar al bolsillo de Rindfleisch y su primera esposa, Mónica Montoya, juicio mediante (3 millones de pesos)

-los honorarios del abogado de la empresa ARQUEV, que el gobernador Passalacqua hizo pasar como “subsidio” a Federación de Colectividades (el ente que organiza la fiesta). El abogado Héctor Rubén Sánchez recibió unos 200 mil pesos y Tomás Dos Santos, perito judicial, recibió 60 mil pesos

-100 mil pesos de indemnización que la CELO le pagó a Nori Eichelt, segunda esposa de Rindfleisch, para que se aleje de la cooperativa

¿Quién va a pagar el juicio que muy probablemente el Juez de Faltas le gane al municipio?

Creo que te lo podes imaginar…