POSADAS. El nuevo hecho de apremios ilegales, golpes y torturas que involucra a seis efectivos de la División de Infantería en Andresito, estaría mostrando una grave falencia en la formación de uniformados a través de la Universidad Gastón Dachary en el Instituto de Universitario de Seguridad. Sobre todo, entre los suboficiales, según lo consideró el integrante de la Comisión Provincial contra la Tortura, el docente Francisco Souza.
Por toda la provincia, aparecen denuncias de abuso de autoridad de uniformados que desconocen el contenido del DNU presidencial que dispone la cuarentena obligatoria contra el nuevo coronavirus.
En diálogo con MisionesCuatro sobre este tema, Souza admitió que hay “muchas falencias (en la capacitación) el personal de menor gradación, que es la que está más cerca de la gente. Está bien enfocada en la formación de oficiales. Pero en los suboficiales, es deficiente. Y donde tenemos mayores violaciones de Derechos Humanos y torturas, es justamente con estos efectivos suboficiales”, planteó el docente.
Según él, el problema radica en que la carrera de suboficiales “es más corta”, y “está faltando una capacitación permanente. Hay que apuntar a eso, lo venimos señalando desde el comienzo (de la apertura del Instituto Universitario de Seguridad de la Policía de Misiones)”, remarcó.
Deficiencia en la formación policial tercerizada en la UGD
Consultado sobre la tercerización de la formación a través de la Universidad Gastón Dachary, a cargo de la formación de oficiales y suboficiales de la policía misionera, Souza no dudó en señalar que “la formación básica tiene que estar en manos del Estado”.
En este marco, llegaron a MisionesCuatro numerosas denuncias por abuso de autoridad y hasta apremios ilegales, en perjuicio de personas encontradas en la calle en controles policiales por la cuarentena obligatoria contra el nuevo coronavirus.
Así, por ejemplo, en los últimos días se supo de un policía que exigía el uso de barbijo a un conductor que estaba dentro de su automóvil, con permiso para circular. Esto muestra un desconocimiento de la normativa vigente en el marco de la presente emergencia epidemiológica por la Covid-19.
