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Críticas al poder judicial por los femicidios impunes en Misiones

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La abogada Roxana Rivas insistió en que existen numerosos asesinatos de mujeres y niñas que están sin resolver. Al tiempo que advirtió sobre los problemas institucionales para prevenir casos como el de Yésica Tavárez.

Críticas al poder judicial por los femicidios impunes en Misiones

POSADAS. “El fallo en el (femicidio) de Marilyn Bárbaro es terrible, pero también parte de nuestro cotidiano con el sistema judicial”, lanzó la abogada Roxana Rivas, querellante en la causa por el femicidio de Lucía Maidana, quien se refirió a los problemas estructurales de la justicia y el Estado misionero, al momento de prevenir y sancionar los crímenes contra mujeres por su condición de género.

La abogada de la CTA Misiones, se refirió al flagelo social de los femicidios y en particular al más reciente crimen de este tipo: el asesinato de Yésica Tavárez (19), ocurrido en San Javier, este sábado.

En primer lugar, la abogada llamó la atención sobre la juventud de víctima y victimario. “Cuando llegamos llega la justicia lo hace tarde. La víctima ya no está. Fracasaron todas las instancias de intervención y se termina en el femicidios. Y cuando vemos que son tan jóvenes, también decimos que falla la educación para prevenir este tipo de situaciones”, expresó Rivas, quien se mostró alarmada por el nivel de naturalización de la violencia que puede observarse en jóvenes de Misiones. Ello pese a los años que se viene trabajando la problemática.

Por otra parte, Rivas vinculó la inacción del Estado al momento de prevenir femicidios como el de Tavarez, con un accionar deficiente y hasta patriarcal por parte de la justicia misionera. “Estaba leyendo el fallo del (femicidio) de Marilyn Bárbaro. ¿A quién se le ocurre calificarlo de homicidio simple y hurto?”, lanzó en tono crítico sobre la decisión del Tribunal Penal que consideró que no hubo alevosía por parte del único condenado (Schnimg). “Es terrible. Pero forma parte de nuestro cotidiano con el sistema judicial (misionero)”, denunció.

En la provincia, “hay muchísimos femicidios que están impunes. Como el de Lucía Maidana. Y hay otros que se cierran convenientemente, para proteger muchas veces a los hijos del poder, como pasa en el caso de Angélica (Ramírez) de Puerto Rico o con la chica de Puerto Esperanza (Lieni Taty Piñeiro). Todos casos en los que, una vez cometido el femicidio, podríamos decir, tenemos justicia y los culpables presos. Pero eso tampoco pasa”, fustigó la abogada en referencia a dos femicidios muy resonantes, ocurridos en 2012, en los que hubo hijos del poder local involucrados, que nunca llegaron a juicio.

Los femicidios con condenas sospechosas

Cabe recordar las similitudes de los casos de Taty y Angélica, ocurridos en Puerto Esperanza y Puerto Rico, respectivamente. Lieni Piñeiro (18) fue violada y degollada en el marco de una causa en la que estuvo involucrado, Fabián Gruber, el hijo del ex intendente Gilberto Gruber y sobrino del actual alcalde renovador Alfredo Gruber.

En esa causa fue acusado Hernán Céspedes (19) y el día previo a prestar indagatoria ante el cuestionado juez de instrucción de Iguazú, Juan Pablo Fernández Rissi, lo encontraron golpeado y ahorcado en su celda dentro de la temible Unidad Regional V de Iguazú. Hay dos policías procesados por la muerte de Céspedes, pero la causa contra ellos, no prosperó.

En el caso Angélica, ocurrido unos meses después del femicidio de Taty, estuvieron mencionados un prefecturiano de Puerto Rico y el hijo del ex juez Éctor Acosta. La causa fue tan escandalosa que tuvo tres jueces. Y el gobierno tuvo que remover a toda la cúpula policial de la comuna. El cuestionado juez Acosta estuvo instruyendo el proceso penal pese a que su propio hijo aparecía mencionado por testigos en el expediente.

Ninguna pista que conduzca a los hijos del poder y a los miembros de Prefectura, prosperó en esa causa. Al final, condenaron a un panadero, Francisco Bourscheid, cuya familia sigue intentando que el juicio sea revisado por la Corte Suprema. Ello atentos a las numerosas y groseras irregularidades en las que incurrieron los investigadores, fiscales y jueces. Con el aval del Superior Tribunal de Justicia misionero.

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