RUIZ DE MONTOYA. A escasos días del 11 de Octubre el “Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios” y de este 12, el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, la comunidad mbya Takuapi, denunció intento de desalojo ilegal y destrucción de sembradíos, todo ello con complicidad de la policía.

En una publicación de EMiPA (Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen), desde la comunidad y la organización indigenista, denunciaron que “desconociendo las leyes vigentes, un funcionario policial de la Provincia amenazó a los integrantes de Tekoa Takuapi -Ruiz de Montoya- en complicidad con una persona que pretende quedarse con un lote de ocupación ancestral de la comunidad”.

“Vamos a pedir a Dios que no nos venzan, no nos van a vencer, nosotros vamos a disponer de este lugar, la tierra es nuestra, esto es nuestro”, expresó Vidal Duarte (Opygua de Takuapi), según consta en la publicación en una conocida red social.

El inicio del conflicto por un intento de usurpación de tierras ancestrales

Según denunciaron desde el EMiPA, la tranquilidad en Tekoa Takuapi “se vio conmocionada el miércoles 28 de septiembre. Una persona -Elena Torres- acompañada de un oficial de la Comisaria de Ruiz de Montoya de apellido Resch ingresaron sin pedir autorización a la comunidad, exigiendo el desalojo de un predio que sus miembros ocupan tradicionalmente”, revelaron.

“El mismo se encuentra dentro del Relevamiento Territorial -ordenado por la Ley N° 27400 (B.O. 23/11/2017)- conocida como Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, aseguraron desde la comunidad y el EMiPA.

Sin embargo, el oficial en cuestión, “exigió nombre y datos personales al Representante Legal de la Comunidad, Desiderio Acosta, y el de otras personas, en franca actitud intimidatoria, ordenándole que desaloje el lugar antes del viernes 2 de Octubre”, precisaron

Apriete policial al cacique de la Tekoa Takuapi

“A partir de mañana ordená a tu gente que salgan… porque si no lo hacen vamos a venir con más personal, así que hacé lo que te dijo la señora o van a tener más problemas…”, habría expresado el uniformado, en clara actitud intimidatoria y, en evidente desconocimiento de lo que señala la ley nacional 26.160

Pero la situación se agravó enormemente para los integrantes de esta comunidad, que, en teoría, debería ser defendida y resguardada por la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Es que, según la denuncia pública del EMiPA, cuando Desiderio “se presentó a hacer la pertinente denuncia policial se encontró con que quien se la tomaría era el mismo oficial que lo intimidó”.

Como era de esperarse, Resch “se negó a poner en la denuncia lo que Acosta decía. Por lo que (el cacique) se vio en obligación de volver el sábado 3 de octubre a hacer una ampliación de la misma”. Esta vez fue acompañado por miembros del Aty Ñeychyrõ y del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA).

Según el EMiPA, “la mencionada señora no cuenta con la documentación que la acredite como supuesta titular registral del lote en cuestión, que se encuentra dentro del Relevamiento Territorial ordenado por la ley 27.400. A pesar de ello ha contado con el apoyo policial sin que hubiera una sentencia judicial que lo ordenara”, denunciaron.

Destrucción intencional de sembradíos de la comunidad

Asimismo, según la comunidad Tekoa Takuapi y el EMiPA, ese 3 de Octubre, “la Señora Torres, en una actitud de inusitada violencia ordenó a un empleado suyo que un tractor con arado destruyera los sembrados que la comunidad tenía en ese lote, haciendo peligrar su seguridad alimentaria para el año 2021”.

“Todo lo que hemos sembrado en este tiempo nuevo y se perdió. Volveremos a poner nuevas semillas que volverán a brotar trayéndonos la alegría. El espíritu de los niños volverá a tener coraje. Sentimos dolor por lo que nos hicieron, a mí me duele mucho”, expresó Desiderio Acosta a su gente, frente a los sembrados destruidos.

En tanto el Mburuvicha de Takuapi, Hilario Acosta, expresó al respecto del conflicto: “Nosotros nos sentimos muy mal. Fue un verdadero atropello. Nos golpearon el cuerpo y el corazón, nos asustaron a mí y a todos. Lo que más duele es que lo que hemos sembrado ya había crecido bien, esto es lo que no queremos que pase, no queremos que entren. Hay que atajarlos. Lo que se sembró, maíz, mandioca fue preparado y pensado para los niños, que son como 60 menores de 10 años. Con la chacra sembrada los niños se alegran, por eso cada familia siembra para traer felicidad, por eso esto que pasó nos duele tanto. Este día el sentimiento que tenemos es el mismo que cuando perdemos un ser querido, nos quedamos tristes”, señaló el dirigente indígena.

Lo que dice la ley 27.400 y el rol de Asuntos Guaraníes

Cabe recordar que la ley 27.400 en su artículo 2º dice: “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras (…)”. “Aunque éste no es el caso de la señora Torres. Ya que con respaldo policial decidió saltarse leyes y jueces. Y hacer una supuesta justicia por mano propia”, fustigaron desde el EMiPA.

Por otra parte, leyes provinciales y la propia ley nacional 26.160 suspenden los desalojos de comunidades indígenas. En este conflicto, debería intervenir la Dirección de Asuntos Guaraníes, un organismo que este año cuenta con un presupuesto de $67.144.000. No obstante, el organismo que preside desde hace décadas, Arnulfo “Miki” Verón, rara vez intercede por las comunidades en conflictos territoriales.