[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lo denunció Tiki Ramírez, del Endepa, quien reveló que cinco sujetos ingresaron con machetes y motosierras, sin orden judicial, y echaron a familias de una aldea ubicada a 3 km. de Gendarmería Nacional. El violento desalojo se produjo el sábado último y ni la DAG ni el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, se pronunciaron al respecto. El hecho, que ya fue denunciado al INAI, desnuda las políticas del gobierno provincial hacia los indígenas en momentos en que afirman protegerlos con proyectos como los del camino en el Lote 8.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS y SAN IGNACIO. Tiki Ramírez del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), se refirió este lunes al violento desalojo de cinco familias de una aldea mbya que se produjo el sábado en cercanías de las ruinas de San Ignacio. Delincuentes se presentaron con machetes y motosierras en la aldea Tekoa Kokuere’i, diciendo a los indígenas que debían dejar la propiedad, y acto seguido, empezaron a destruir las chozas, que luego prendieron fuego. Actuaron con una violencia inusitada y sin presentar orden judicial alguna, de acuerdo con lo informado por Ramírez, quien confió a MisionesCuatro que el violento desalojo ya fue informado al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, pero este último organismo, no se pronunció al respecto. El hecho desnuda las políticas del gobierno provincial hacia los indígenas en momentos en que funcionarios provinciales afirman proteger a los mbya, con proyectos como los del camino dentro del Parque Provincial Moconá.
Ramírez señaló que desde Endepa venían asesorando a las familias de la aldea Tekoa Kokuere’i, porque “tenían problemas con este, que se dice propietario. Nos llamaron porque se había producido un desalojo. El sábado, a las 9 de la mañana, cinco personas ingresaron con motosierras y machetes, a decirles a las familias que se tenían que ir, sin orden judicial. Comenzaron a derribar las casas en presencia de niños y mujeres. La mayoría eran niños”, contó Ramírez, dejando en claro que el violento desalojo causó gran conmoción en los niños que residían en el lugar.
Unas cinco familias perdieron casi la totalidad de sus pertenencias y debieron refugiarse en otra aldea cercana. “Después que derribaron las casas, las prendieron fuego. Actuaron con total impunidad animados por el racismo y la discriminación, creyendo que los indígenas no tienen derechos”, expresó Ramírez.
“Estamos asesorando a la comunidad. En este momento la abogada está en la comunidad recabando los datos para hacer una presentación judicial por este hecho. Hasta ahora (el Ministerio de) Derechos Humanos no hizo ninguna intervención, pero están avisados, así como el INAI”, comentó Ramírez, dejando en evidencia el accionar del ministerio que conduce la rovirista, Lilian “Tiki” Marchesini, que se llamó al silencio frente a esta gravísima situación.[/vc_column_text][vc_column_text]El violento desalojo tuvo lugar en cercanías de las ruinas de San Ignacio, más concretamente, frente a Gendarmería Nacional, pues el terreno está ubicado a unos 3 kilómetros.
Fuentes de MisionesCuatro advirtieron que empleados del municipio de San Ignacio estarían implicados en el violento desalojo, que habría sido encabezado por Nicolás Federico Skonieski.
De acuerdo con las fuentes consultadas, son “frecuentes” las “asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades mbya”, que tienen derechos como Pueblos Preexistentes al Estado Nación. “La Comunidad cuenta con los documentos que acreditan que esas tierras fueron reconocidas como territorio tradicional, actual y público de la Comunidad Kokuere’i por parte de una Resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, remarcaron las fuentes.
Cabe acotar que la Ley Nacional de Emergencia de Territorios Indígenas (26.160), prohíbe expresamente los desalojos a comunidades indígenas hasta tanto no culmine el relevamiento de comunidades a través del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (creado por esa misma ley que fue sancionada en 2006). En Misiones, pese a recibir millones de pesos por año, el relevamiento apenas estaría superando el 20% de las comunidades, lo que deja en evidencia una política de no reconocimiento al derecho a territorio para las comunidades mbya.
Asimismo, el desalojo llegan en momentos en que el gobierno renovador dice proteger los derechos de los mbya con proyectos como el controvertido camino dentro del Parque Nacional Moconá, donde se sabe que existen emprendimientos turísticos millonarios que se potenciarían con un camino de ingreso al Lote 8.[/vc_column_text][vc_facebook type=”box_count”][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]
