Es que desde la cartera ambiental apuntaron directamente a las autoridades del ministerio de Industria como los responsables de las autorizaciones.
Esta semana, se realizó una reunión virtual entre los ecologistas y las autoridades del ministerio de Ecología de la provincia y según se supo, fue el propio ministro de Ecología, Mario Vialey, que reconoció que existe “evidencia del impacto” que genera la actividad para la fabricación de ladrillos.
Tras el encuentro, los ambientalistas difundieron un comunicado donde se da cuenta de que el ministro de Ecología presentó una serie de imágenes satelitales que demostraron la “evidencia del impacto” que inició en 2006, con un total de 22 hectáreas afectadas, aproximadamente.
De acuerdo a lo expresado, fue en la videoconferencia que Vialey manifestó que “desde esa cartera no se autorizó ningún tipo de explotación minera ni recibió pedido formal alguno por parte de ninguna empresa del sector de la cerámica”.
En teoría, según el comunicado difundido, “las autorizaciones habrían sido otorgadas desde el ministerio de Industria avasallando leyes ambientales y a la propia autoridad de aplicación que es el ministerio de Ecología”.
Además, según difundieron las organizaciones, el funcionario provincial expresó que “serán aplicadas las leyes vigentes y será ordenada la mitigación del impacto”.
“Reunión de ambientalistas con el ministerio de Ecología”
El lunes, los movimientos socio-ambientales denunciantes, “Frente Kaapuera”, “XR Misiones”, “Grupo Ecologistas Cuña Pirú”, “El Joven Puede”, “Agrupación 30 de Noviembre”, “ATE” y “CTA”, se reunieron con el ministro de Ecología Mario Vialey y sus asesores para hablar sobre la situación del ecocidio en la cuenca de Garuhapé.
En el inicio de la misma se expuso una carta de posicionamiento, con las principales exigencias de: “la disposición a la sociedad de toda la información respecto al grave hecho; respeto y cumplimiento de las leyes nacionales, como la de presupuestos mínimos ley 26331 de Bosques nativos, la ley nacional 26675, General del Ambiente, como así también las leyes provinciales ley 53 de bosques protectores, la ley 105 de ordenamiento territorial, la ley 3079 de Impacto Ambiental, entre otras; la arbitración de las medidas necesarias para sancionar a los responsables; la restauración del sitio de impacto (solicitando además la invitación a las organizaciones a actuar como veedores de dicha restauración); destacando la urgencia del cuestionamiento y creación de proyectos para nuevos modelos productivos sostenibles”.
“Enfatizamos sobre la responsabilidad irrenunciable del estado más allá del cambio de gestiones”.
Si bien la reunión se centró en el diálogo sobre la situación en Garuhapé, las organizaciones, entre ellas “Rebelión o Extinción Misiones”, manifestaron la necesidad en urgencia de avanzar a modelos productivos sostenibles ante la profundización de la crisis climática y ecológica. “Los y las presentes valoramos y reconocemos el crecimiento de la provincia en términos de nuevas prácticas amigables con el ambiente, pero lamentablemente no es suficiente. Estamos en una crisis climática y ecológica, tenemos menos de siete años para realizar un cambio radical, y necesitamos saber si Misiones apostará a tener un futuro como sociedad” concluyó una de las activistas.
Con la confirmación del compromiso del Ministerio de Ecología de tomar cartas sobre el asunto, las organizaciones manifestaron que avanzarán solicitando informes al Ministerio de Industria, y aseguran que seguirán alertas ante las prácticas extractivistas que ocurren en el interior de la selva, y muchas veces pasan inadvertidas ante la sociedad.
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