POSADAS. Mientras avanza la investigación penal y la investigación civil sobre el negocio de las criptomonedas Acuacoin, impulsadas por el ex presidente de Agua de las Misiones Sociedad del Estado, Jorge Galeano, en el gobierno provincial estarían preocupados ante la posibilidad de que, con la crisis y el derrumbe de las monedas virtuales, acreedores e inversionistas extranjeros vengan a reclamar derechos sobre el acuífero guaraní, la reserva de valor utilizada para garantizar el valor de estas criptos impulsadas por el anterior directorio de la empresa del Estado.

Este miércoles, en su columna semanal “El Dato Político”, el periodista Pablo García se refirió al escándalo que involucra al otrora diputado provincial opositor, que construyó su carrera política como denunciador de presuntos delitos de corrupción de la administración del ex gobernador Carlos Rovira.

Tras el despido de Galeano al frente de AMSE, ordenada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, tras años de una “profunda caída en la producción y comercialización del agua y otros subproductos”, contó García, la nueva administración “duplicó la industrialización y envasado”.

Había en la gestión de Galeano, “mucha guita en subsidios a AMSE, una empresa que todavía cuesta que se mantenga por sí sola. (En ese contexto) surgió el proyecto AquaCoin, una moneda virtual que creaba los token –fichas- y cada Token estaba respaldado con un metro cúbico del acuífero. Se vendieron más de 25 mil tokens, por una suma superior a los 20 millones de dólares, con respaldo en metros cúbicos de agua dulce del acuífero guaraní misionero”, reveló el periodista.

Temor en el gobierno y denuncias penal y civil contra Galeano

“El miedo en el gobierno es que no se sabe qué va a pasar. El mercado de las monedas virtuales es muy volátil y ahora atraviesa una crisis. Hay temor en que esté comprometida el agua del acuífero, con un negocio del que no saben, que la situación se desmadre y vengan inversionistas a reclamar sobre la posesión de Misiones sobre el acuífero”, señaló García, sobre el contexto en el que aparecen una denuncia civil y otra penal contra Galeano, contra los ex directores César Menem y María Isabel Ghilione, y contra la abogada Torre.

En la denuncia penal, el juez Fernando Verón, investiga “a los miembros del directorio y la abogada que manejaba (las Acuacoins) por ‘administración fraudulenta’, ‘fraude en perjuicio de la administración pública’ e ‘incumplimiento de deberes del funcionario público’”, reveló García, añadiendo que se investiga “si Galeano hizo un negocio con las bitcoin a la medida de ese grupo minúsculo que manejaba la empresa como propia”.

Y sobre todo, si Galeano cobraba un 20% de las regalías que se pagan a los autores intelectuales del proyecto Acuacoin, por las ganancias que supuestamente se generaban con las monedas virtuales respaldadas con agua del acuífero guaraní.