POSADAS. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Misiones comenzó a analizar y ordenó una “diligencia preliminar” acerca de la denuncia contra el juez de instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, que presentaron cinco policías de la Seccional 2ª de la Unidad Regional VIII de San Vicente, por supuesto “abuso de poder” y “privación ilegítima de la libertad”.
Cabe recordar que cinco efectivos de aquella comisaría presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de San Vicente y otra ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el juez Casco, luego de la intervención del magistrado durante un procedimiento de prevención del contrabando de soja, acaecido el pasado jueves 23 de septiembre en la ruta provincial 13. En ese operativo, los uniformados buscaban –según la denuncia– verificar la documentación de un camión cargado con soja, cuando el magistrado llegó al lugar, ordenó que liberen el cargamento y que sean detenidos los policías intervinientes. A los uniformados los demoraron por varias horas, debido a la orden de Casco.
La denuncia fue ratificada y ampliada el viernes 1 de Octubre ante el Jurado de Enjuiciamiento. A partir de allí, comenzaron a correr los tiempos legales para que el organismo defina si desestimaba o no la denuncia.
Así, el Jurado de Enjuiciamiento se reunió en el subsuelo del Palacio de Justicia este miércoles, para tratar el tema. Según trascendió, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori presidió el órgano. Y estuvo acompañada por sus pares del STJ, los ministros Jorge Antonio Rojas y Cristian Marcelo Benítez. Además, estuvieron los diputados, Rafael Pereyra Pigerl y Jorge Ratier Berrondo. Y, también, los abogados Sebastián Leonardo Levitt y Cristhian Ariel Rojas González.
Dirigencias preliminares
Según trascendió extraoficialmente, el Jurado resolvió llevar a cabo “diligencias preliminares” y solicitó como “primera medida de prueba” al Juzgado de instrucción 3 de San Vicente, la denuncia que presentaron en sede judicial, el chofer del camión y el dueño de la carga de soja, interceptado por los policías en un retén de la ruta provincial 13, el cual desató el escándalo.
Cabe recordar que en medio del operativo, cinco efectivos fueron relevados del procedimiento y demorados, incluida la jefa de la seccional segunda, que no estaba allí y cuando llegó al lugar, fue notificada también de su arresto. Ante esto, los uniformados presentaron la denuncia por el “abuso de autoridad” y la “privación ilegítima de la libertad”.
Mientras que el juez contraatacó señalando que había ido al control por las sospechas de pedidos de coimas por parte de policías. Desde la Mesa de Enlace policial, ya salieron a expresar su apoyo a los uniformados. Mientras que en el Ministerio de Gobierno y en el Ejecutivo provincial, prima la cautela. Según fuentes consultadas, en la Rosadita van a esperar cómo avanza la denuncia.
Todo esto ocurre en un contexto de una convivencia difícil entre el juez y los policías de San Vicente. Hubo acusaciones respecto de un supuesto manejo impropio de un magistrado en la zona. Por ejemplo, desde el entorno de la policía le endilgan trasladarse con 10 uniformados como custodia personal. Y hacerlos trabajar en una chacra de su propiedad. Además, ventilaron que el juez mantiene reuniones con empresarios de la zona que tendrían intereses en las operaciones con soja.
