El Ministro de Salud de Misiones, Héctor González, se refirió en una entrevista con Misionescuatro a los recientes anuncios del gobierno nacional sobre la posibilidad de arancelar la atención médica de extranjeros en hospitales públicos. En su declaración, González aclaró que la provincia ya contaba con una normativa vigente desde 2021 que autoriza el cobro a ciudadanos extranjeros que utilicen los servicios de salud públicos.

“Nosotros tenemos una ley del 2021 donde el sistema de salud misionero está autorizado al cobro de los extranjeros”, destacó el ministro, enfatizando que para la provincia no es una novedad el debate sobre el cobro a no residentes. La legislación provincial establece que los extranjeros pueden ser facturados por servicios médicos, especialmente si se trata de atenciones electivas.

“Todo depende. La ley te autoriza a cobrar a las obras sociales, seguros o prepagas, y si querés hacerte una atención electiva, tenés la potestad de cobrar”, explicó González, agregando que los valores se fijan en función de la obra social provincial, así como del seguro o prepaga que tenga el paciente.

González detalló que, si bien el porcentaje de atención a extranjeros es bajo, menor al 1%, durante la pandemia este número fue más alto. Sin embargo, aclaró que, pese a esta situación, “no se le niega la atención, pero se recupera por alguna vía”, destacando que la prioridad de los hospitales públicos siempre es para los residentes de la provincia.

El Ministro también mencionó que, en el pasado, el Hospital Materno Neonatal de la provincia era el centro que más atendía a extranjeros, pero remarcó que la normativa y las prioridades no han cambiado. “Siempre la prioridad es el misionero”, aseveró González, subrayando que las políticas de salud en la provincia están reglamentadas por la Cámara de Diputados y han sido el resultado de años de trabajo legislativo que brindan “garantías y certezas jurídicas” al sistema sanitario local.

Por último, destacó que, si bien la atención a extranjeros no está prohibida, se gestiona según la normativa vigente y los recursos disponibles, y sigue siendo un servicio secundario frente a las necesidades de la población misionera.