POSADAS. Pese a que Misiones es una de las provincias con mayor porcentaje de comunidades censadas en el marco de la Ley Nacional de Emergencia Territorial Indígena (26.160), aún falta relevar más de 40 comunidades y si la norma no es prorrogada por una cuarta vez, estas aldeas quedarían totalmente desprotegidas frente a depredaciones de recursos naturales y posibles desalojos compulsivos.

Así lo advirtió Josefa “Kiki” Ramírez, referente del Endepa (Equipo Nacional de la Pastoral Aborígen). Según ella, no se están haciendo relevamientos en Misiones y que los recursos millonarios que llegaron para tal fin, tal parece que “se van quedando por el camino”.

“Aún no se terminó el censo de las comunidades en el marco de esta ley que ordena realizar un relevamiento jurídico catastral en las comunidades indígenas”, comentó Ramírez a MisionesCuatro. Y recordó que la aldea de Yabotí Mirí, que sufrió de tala ilegal apañada por el Ministerio de Ecología en la zona de San Pedro, “tiene el relevamiento y la carpeta técnica”.  “La desforestación se hace en un área reconocida (como mbya)”, lanzó Ramírez, poniendo el acento en que el Ministerio debió consultar a la comunidad, antes de permitir la tala de árboles nativos.

Consultada por el avance o no del relevamiento previsto por la ley 26.160, Ramírez se mostró lapidaria. “Está parado el relevamiento, se están entregando algunas carpetas atrasadas. Pero no hay un avance en la ejecución (del censo de comunidades) aún antes de la pandemia (de coronavirus – Covid-19)”, denunció.

“Preocupa mucho porque esta ley vence el año que viene. Y seguramente las comunidades van a pedir una prórroga. Pero costó tanto conseguir la tercer prórroga, que vamos a ver si se da una cuarta”, alertó la referente del Endepa, este viernes. “Sería muy grave que las comunidades queden desprotegidas”, agregó Kiki, en referencia al problema del “despojo de los recursos naturales de las comunidades y la posibilidad de los desalojos”.

Para Ramíres, las comunidades quedarían muy desprotegidas, “si no se prorroga la ley y no se termina el relevamiento. Si bien es una herramienta limitada porque falta la titulación, es una prueba fundamental porque deja (en claro) hasta donde las comunidades ocupan terrenos (ancestrales)”

En cuanto al problema del manejo de fondos nacionales y provinciales, Ramírez hizo una fuerte denuncia. “Están asignados recursos en el presupuesto, para que avance y continúe esta ley. Pero aquí no se están haciendo relevamientos. No sé qué estarán haciendo con los fondos”, lanzó la referente del Endepa, en tono crítico hacia el Ministerio de Derechos Humanos, el organismo encargado del relevamiento en Misiones.

“Así fue pasando en cada una de las prórrogas (de la ley 26.160). Se fue calculando el dinero necesario para (el relevamiento) de las comunidades. Pero el avance fue muy (escaso) Es como que los recursos van quedando por el camino y no se termina de ejecutar”, lanzó Ramírez, aunque aclaró que “hay otras provincias donde el porcentaje de comunidades censados es muy bajo”.

“Falta mucho (por relevar). En Misiones debe quedar el 40% de las comunidades por censar”, manifestó.

El matrimonio que maneja millones y atiende la problemática mbya

Cabe destacar que el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, son los organismos encargados de concretar el relevamiento de las comunidades con vistas a la restitución de tierras ancestrales. Según fuentes consultadas, durante la gestión de Lilian “Tiki” Marchesini en este ministerio, llegaron varios millones de pesos para el relevamiento de las aldeas.  

Actualmente, la DPAs y el Ministerio de DDHH, son manejados por el matrimonio que componen Arnulfo “Miki” Verón y Graciela “Chela” Leyes.

“Miki”, considerado un presidente “vitalicio” de la DPAs, este año maneja un presupuesto de $67.144.000. En tanto, su esposa, “Chela” Leyes, cuenta con un presupuesto de $287.888.000. De acuerdo con fuentes consultadas, es Verón quien tiene mayor injerencia en la ejecución de ambos presupuestos. Desde ya, estos montos no incluyen las partidas nacionales que llegan para fines específicos, como el cumplimiento de la ley 26.160.