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Conflicto en Mega Seguridad: “Hay responsabilidad de Agulla”

Lo dijo la dirigente de CTA Autónoma, Mónica Gurina, quien denunció que esta empresa que presta servicios al Parque de la Salud y al Ministerio de Salud Pública, en todos los hospitales de la provincia, obliga a sus empleados a firmar liquidaciones salariales por montos superiores a los que efectivamente perciben, entre otras maniobras de fraude laboral.

Conflicto en Mega Seguridad: “Hay responsabilidad de Agulla”

Lo dijo la dirigente de CTA Autónoma, Mónica Gurina, quien denunció que esta empresa que presta servicios al Parque de la Salud y al Ministerio de Salud Pública, en todos los hospitales de la provincia, obliga a sus empleados a firmar liquidaciones salariales por montos superiores a los que efectivamente perciben, entre otras maniobras de fraude laboral e incumplimiento del convenio colectivo. POSADAS. En el marco del conflicto desatado con los trabajadores de la empresa Mega Seguridad, una de las que presta servicios tercerizados al Estado renovador, la dirigente de la CTA Autónoma, Mónica Gurina, apuntó a las responsabilidades políticas del gobernador Hugo Passalacqua, del vice y actual gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad, y del Ministro de Trabajo Juan Carlos Agulla, por permitir la precarización, el fraude salarial y los aprietes contra la sindicalización.

“Los trabajadores de seguridad de todos los hospitales de la provincia, están reclamando salarios. Figura una cosa en los recibos y lo que les pagan en mano realmente, es otra suma. Hay fraude laboral. El SUTRAS (Sindicato de Trabajadores de Seguridad de Misiones), ya pidió una intervención al Ministerio de Trabajo que no se ha dado. Están reclamando el pago en tiempo y forma de salarios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo”, fustigó Gurina, insistiendo en que no se estarían garantizando un horario de trabajo acorde con las normas y la indumentaria para la actividad

Gurina subrató que esta empresa que “tiene trabajadores en todos los hospitales públicos”, impide la sindicalización de los trabajadores. “Hay responsabilidad del gobierno renovador. Mega Seguridad es una empresa tercerizada que presta servicios al Ministerio de la Salud y el Parque de la Salud. Pero existe una responsabilidad solidaria: el Estado provincial para contratar una empresa, tiene que verificar que se hagan las cosas en tiempo y forma. Hay responsabilidad del gobierno en Agulla, en Passalacqua y en Herrera Ahuad”, puntualizó la dirigente.

Repreguntada sobre el propietario de esta firma, Gurina mencionó que según trascendidos, estaría vinculado el propio Herrera Ahuad, aunque “no nos consta”, aclaró. “Hay trabajadores precarizados en una empresa que impide la sindicalización y que además no se está pagando lo que figura en los recibos de sueldo”, sentenció. En esta línea, la docente confirmó que los empleados de Mega Seguridad están firmando recibos de 4 mil pesos, que “figuran como adelantos que nunca se pagan, terminan pagando lo que quieren”.

Asimismo, la referente de la CTA Autónoma denunció que no se está cumpliendo la cantidad de horas de descanso que corresponden al sector, “porque desde la empresa aducen que no tienen personal”.

En diálogo con MisionesCuatro, Gurina insistió en la responsabilidad del ministerio de trabajo, que conduce Juan Carlos Agulla, porque “hace tiempo que venimos denunciando esta situación”, de la misma manera que lo hacen respecto de los trabajadores sanitarios precarizados a través de los contratos del Parque de la Salud. Asimismo, Gurina advirtió que “hay trabajadores en negro”, que “no existen en el sistema y aparecen en función de las necesidades de esta empresa”.

Con relación a esto, Gurina recordó el caso de SIP Armas, donde trabajadores de esta empresa de limpieza que presta servicios tercerizados por el Estado misionero, y puso de relieve que “el fallo judicial, deja en claro que hay responsabilidad del Estado con estas empresas tercerizadas que no reúnen condiciones para operar”, bramó.

Al respecto, Gurina subrayó que el Ministerio de Trabajo y el gobierno de la provincia, son corresponsables con la precarización laboral instrumentada a través de empresas tercerizadas, porque no exigen a las firmas que cumplan con la normativa laboral vigente.

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