[vc_row][vc_column][vc_column_text]Luego de los cortes de ruta de vecinos del barrio Santa Cruz, que reclamaron por la falta de agua, llegaron intimaciones de pago por parte de la cuestionada empresa que no está garantizando el vital servicio en el mencionado barrio.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1548287661116-c522c508-5328-8″ include=”221749,221750,221751″][vc_column_text]GARUPÁ. Las intimaciones de pago de boletas adeudadas a usuarios de Samsa del barrio Santa Cruz, causaron un profundo malestar entre los damnificados, muchos de los cuales tuvieron que salir a cortar la ruta para reclamar por la falta de agua en la zona.
Según fuentes del barrio mencionado, los vecinos prácticamente no tienen agua, y luego de cortar la ruta recibieron el servicio del vital elemento a cuenta gotas. Sin embargo, ahora desde Samsa enviaron intimaciones a los usuarios, a quienes se los conmina a pagar las boletas, a pesar que el servicio no está siendo prestado adecuadamente.
Una de las intimaciones llegó a la redacción de misionescuatro.com, y en el documento, el abogado Manuel Giménez, en carácter de apoderado de Samsa, intima a un usuario a pagar en el plazo de los 10 días de recibida la notificación, la deuda que mantiene con la empresa.
Y lo amenaza con “embargo de sueldo y bienes, inhibición general de bienes y posteriormente, si correspondiera, el Remate Público de los bienes muebles e inmuebles embargados”. Desde luego, las intimaciones caen como un balde de agua fría para los usuarios que estuvieron varios días sin el servicio correspondiente y que, según manifiestan, aún experimentan problemas.
Desde ya, se espera que los usuarios accionen legalmente contra la empresa y contra el estado provincial, representado por el Eprac (Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas), por el incumplimiento del servicio concesionado a la empresa multinacional que recientemente fue adquirida por un grupo de capitales chinos.
Cabe destacar que el responsable último por la prestación del servicio de agua –un servicio esencial -que no se puede suprimir por constituir un derecho humano consagrado constitucionalmente-, sigue siendo el Estado misionero que concesiona el servicio a una empresa privada.
Leé también:
Sin agua en el Bº Santa Cruz: “Queremos el servicio por el que estamos pagando”
[/vc_column_text][vc_single_image image=”221753″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]
