[vc_row][vc_column][vc_column_text]El juicio contra Fernando Farré, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, implementó este sistema en la provincia de Buenos Aires. El presidente del Colegio de Abogados de Misiones opinó sobre lo positivo y negativo de la metodología.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El juicio por jurados es un mandato constitucional desde 1853, se aplica actualmente en Córdoba, Neuquén, Chubut y, desde 2015, en Buenos Aires –donde esta semana se realizó el primer juicio-, mientras que en Río Negro se implementará desde 2018.

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En diálogo con MisionesCuatro, el presidente del Colegio de Abogados de esta provincia, Ernesto Báez se refirió a la posibilidad de implementar este mecanismo de enjuiciamiento en esta parte del país. “Como toda cuestión jurídica es opinable si es bueno someter a cuerpos de ciudadanos a decisiones que son jurídicas”, resumió el letrado. “También se puede prestar a la manipulación política”, agregó en otro tramo de la entrevista.

Asimismo afirmó que la decisión de efectuar esta legislación le corresponde a cada provincia, ya que el sistema de jurados populares está previsto en la Constitución Nacional. Además expresó que cada estado provincial “puede regular la cuestión técnica de composición de jurados”.

Para Báez, “la mayor contra que tiene el juicio por jurados es que las pasiones o movimientos sociales pueden llevar a una decisión que no se corresponde con elementos jurídicos”. Sin embargo, destacó que como “punto a favor” que se trata de “una decisión más democrática” y opinó que las medidas resultantes “se acomoda a los tiempos actuales”, marcando una diferencia con procedimientos considerados anticuados o alejados de la realidad actual. “A veces los jueces emiten sentencia sin ningún tipo de sentido común”, opinó Báez.

Por otro lado, consideró que no se trata de “una solución para mejorar la justicia” en Misiones. También señaló que la salida para agilizar el Poder Judicial y ajustarse a derecho en las resoluciones, pasa por mejorar la capacitación de los recursos humanos.

Qué hace el jurado

Las atribuciones dependen de lo que establece cada sistema provincial, pero en términos generales lo que determina el jurado es si existió el delito y la culpabilidad de la persona. La pena es luego establecida por el juez, que está presente durante todo el proceso y los guía, explicándoles su rol y manteniendo el orden y disciplina de las partes durante el proceso, indicó el sitio Chequeado.com.

Durante el proceso el jurado es un mero observador, sin posibilidad de intervenir en las exposiciones de las partes.

Para declarar culpable a una persona en la provincia de Buenos Aires 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo y para una condena a prisión perpetua se necesita la unanimidad. En caso de no llegar a acuerdo se puede declarar “jurado estanco” y hay una serie de medidas para salir de esa situación.

En Neuquén son necesarios ocho de los 12 votos para declarar la culpabilidad, y de no lograr esa mayoría se declara al acusado no culpable. El caso cordobés, como se señaló, participan dos jueces profesionales en la deliberación. Se necesita también de la mayoría para poder condenar a alguien, y los jueces profesionales pueden estar en desacuerdo con el jurado: lo que cuenta es haber alcanzado la mayoría de votos.

Si el jurado declara que la persona no es culpable, esta decisión no puede ser apelada y la persona queda definitivamente absuelta. Si es declarado culpable, en cambio, la defensa sí puede apelar y llegar a instancias judiciales superiores.

Cuándo se hacen juicios por jurados

En general se utilizan en la Justicia penal para casos de mucha gravedad. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está previsto para casos que puedan tener una condena mayor a 15 años y el acusado puede rechazarlo, es decir que puede elegir ser juzgado por jueces profesionales, señala Chequeado.

En la provincia de Córdoba el jurado popular es obligatorio en los casos de “los delitos económicos, los hechos de corrupción y los ‘crímenes aberrantes”, como violaciones seguidas de homicidio. En Neuquén también es obligatorio cuando la Fiscalía pide una pena mayor a los 15 años.

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