La Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de las subas de retenciones dispuestos por decreto desde el Gobierno sin el aval del Congreso, y ordenó devolverle el monto cobrado a la cerealera Bunge Argentina, que había iniciado el planteo legal en 2008.
La empresa cuestionaba un incremento del 20% al 28% en maíz (cuando se pusieron las retenciones móviles), debido a que lo consideraba ilegítimo al no haber tenido ratificación parlamentaria.
Los jueces se basaron en un fallo de la Corte Suprema de 2014, cuando había tratado el reclamo de la compañía Camaronera Patagónica y evaluó que el incremento de alícuota por decisión del Poder Ejecutivo era “inconstitucional”.
