ELDORADO. La defensa de la ingeniera forestal de 34 años acusada de ahogar a sus dos hijos de 3 y 7 años solicitará el “sobreseimiento por inimputablidad”, debido al cuadro de esquizofrenia que padece la mujer desde hace unos años, según trascendió en las últimas horas.

De acuerdo con medios posadeños, la defensa concretará ese planteo después de que se realice la pericia psiquiátrica ordenada por el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, que investiga la muerte de Lucía Valdés (3) y Santiago Valdés (7), ocurrida el pasado 6 de enero.

Mientras tanto, la mujer seguirá detenida en una comisaría y con custodia permanente. En forma provisional la imputaron por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo”.

El doble infanticidio seguido del intento de suicidio de la mujer, que conmocionó a toda la provincia, ocurrió a la altura del kilómetro 1.806 del río Paraná, en Eldorado. Fue allí donde la mujer que padece esquizofrenia llegó con sus dos hijos a la zona conocida como los “200 escalones”.

Los tres terminaron en el río y sus gritos de auxilio posibilitaron que una canoa con un pescador se aproxime y logre rescatar solo a la mujer. Mientras que los niños desparecieron de la superficie del río y sus cuerpos fueron encontrados por Prefectura al atardecer de esa luctuosa jornada.

¿Ni Salud Mental ni la Justicia estaban al tanto de la crisis de una madre con esquizofrenia?

El caso puso de relieve algunos de los problemas del trabajo de los Servicios de Salud Mental y de la Justicia de la provincia, que no lograron prever este desenlace con una persona que no mostraba “adherencia” al tratamiento psiquiátrico y cuya última consulta a Salud Mental fue en noviembre. Es decir, días o semanas antes del asesinato e intento de suicidio. Así lo admitió el titular de la Secretaría de Salud Mental de Misiones, Nicolás Aranda, en declaraciones a este medio.

De sus dichos, no queda en claro si la acusada tenía o no la tenencia legal de los niños. “Lo que hablé con la jefa del Servicio de Salud Mental de Eldorado es que su última consulta fue en noviembre, y se estaba tratando de contactarla para ver qué había pasado con esta discontinuidad del tratamiento (por esquizofrenia)”, reveló el funcionario.

“Creo que, si se llegaba antes, se hubiese planteado la necesidad de una internación y la evaluación de cuál era el riesgo de estos niños, de quedar al cuidado de esta señora”, planteó Aranda, quien, no obstante, también aclaró que debió intervenir la Justicia.

Admitiendo que la mujer ya había tenido conductas de autolesionarse en el pasado, Aranda planteó: “si había conocimiento de conductas de riesgo, ¿qué pasó que no se promovió la protección de estos niños? Hay que ver si la justicia estaba al tanto y qué pasó en la falta de articulación”, sostuvo.