“Cuando asumí esta causa hace dos semanas, me llamó la atención la situación en el Juzgado de Instrucción 3. Pensé que estaban trasladando a terroristas”, comentó el abogado, refiriéndose a la gran cantidad de efectivos policiales presentes, todos equipados con cascos y pasamontañas, mientras un grupo de detenidos, esposados, aguardaba en condiciones inhumanas.

Zapana solicitó al juez que se retiraran las esposas de sus clientes, argumentando que la presión prolongada causa inflamación en las articulaciones. Sin embargo, el expediente de la causa avanza lentamente, ya que aún se esperan las pericias de ocho teléfonos secuestrados.

En cuanto a las solicitudes de excarcelación, el abogado indicó que varias han sido rechazadas, incluso las que él mismo presentó. “Las respuestas que hemos recibido indican que hay pruebas pendientes de producción”, añadió, mencionando que las imputaciones contra sus clientes se basan en su participación en un chat relacionado con las protestas de mayo. “El delito que se les imputa es haber estado en ese chat e informar sobre su intención de asistir a una reunión de diálogo”, afirmó.

Zapana enfatizó que, a pesar de estar imputados, sus clientes no conspiraron ni cometieron los delitos de sedición. “La imputación política es resistir frente a este intento burdo de disciplinamiento al resto de las fuerzas policiales”, dijo, criticando la tendencia a destituir y encarcelar a quienes reclaman derechos sin pruebas concretas.

El abogado también destacó que, para que se considere sedición, deben cumplirse criterios específicos de ideación, preparación, ejecución y consumación, los cuales, según él, no se cumplen en este caso. “Están todos imputados como si la sedición se hubiera consumado, pero en realidad no hubo tal ejecución”, subrayó.

Finalmente, Zapana mencionó que algunos de los detenidos recibieron notificaciones de destitución, ya sea por exoneración o cesantía. Según la ley, hay un plazo de 60 días para articular una acción contenciosa administrativa, lo que podría llevar el caso ante el Superior Tribunal de Justicia cuya presidente estuvo presente junto al Ministro de Gobierno Marcelo Pérez y al Gobernador Hugo Passalacqua en la conferencia de prensa donde se anunciaba la exoneración de los ocho policías detenidos.