El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta reanudó este lunes el juicio a los ex gerentes del PAMI de las localidades de Orán, El Carril y Embarcación, acusados por el delito de defraudación a la Administración Pública al haber percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Según consignó fiscales.gob.ar el debate, que había comenzado el 4 de mayo pasado, quedó suspendido en la apertura misma a raíz de las impugnaciones planteadas por las defensas de los tres acusados, quienes pidieron acogerse a la suspensión de juicio a prueba.
La solicitud fue rechazada por el tribunal unipersonal, a cargo de la jueza Marta Liliana Snopek, en coincidencia con la postura del fiscal federal Ricardo Toranzos del Área de Casos Complejos.
Las impugnaciones de las defensas provocaron un nuevo examen del caso. Recientemente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión a través del camarista Daniel Petrone, quien intervino como juez de Revisión del proceso reglado por el Código Procesal Penal Federal, que rige en las provincias de Salta y Jujuy desde 2019.
La acusación surgió tras comprobarse que los TRES ex funcionarios habían solicitado y percibido el IFE, un beneficio dispuesto por el decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.
Tras la formalización del caso, el 19 de noviembre de 2020, los defensores públicos Ximena Colombres (por Fernández) y Agustín Mogaburu (por Juárez y Navarreta) plantearon ante la fiscalía la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, posibilidad que fue rechazada por el fiscal Toranzos.
La negación se basó en razones de política criminal y la imposibilidad de aplicación de ese instituto por el carácter de funcionarios públicos de los acusados, tal como lo establece el artículo 76 bis del Código Penal cuando surge una pena conjunta, siendo en este caso la inhabilitación perpetua, agravante contemplado en el artículo 174 del mismo cuerpo normativo.
No obstante, al comenzar el juicio ante el Tribunal Oral Federal N°1, los defensores volvieron a solicitar la suspensión de juicio a prueba, planteo que nuevamente fue rechazado por la fiscalía y que fue seguido en la resolución por la jueza Snopek.
En ese marco, el fiscal Toranzos “calificó como ilegal e inmoral la conducta de los acusados, teniendo en cuenta, además, que trabajaban en un área de la repartición pública destinada a brindar asistencia a personas mayores, como sucede con el PAMI”.
Sobre las reglas de conducta y la reparación del daño ofrecida para el acceso a la suspensión del juicio a prueba, dijo que son insuficientes, en especial si se toma en cuenta el contexto y la gravedad del delito.
