POSADAS. A 17 meses de ser sancionada, la ley Nª 27.551 establece entre sus principales puntos que la actualización anual de precios estará conformada en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA). En ese sentido, el importe del depósito de garantía no será mayor al equivalente al primer mes de alquiler.
Además, la norma introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos.
Otro punto señala que el locatario no tiene a su cargo el pago expensas comunes extraordinarias ni aquellos gastos inherentes a la propiedad como impuestos y otros gastos municipales.
Faltando 3 meses para finalizar el contrato cualquiera de las partes puede convocar a la otra a efectos de acordar la renovación del contrato.
Se establece que previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario.
Es obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP).
Se creó también el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal.
Sobre el tema, MisionesCuatro consultó a Luis Sosa, integrante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) quien explicó en Posadas, luego de varios meses de cuarentena estricta, se incrementó la demanda de inmuebles, sobretodo de casas.
Según el empresario inmobiliario, a nivel nacional, está teniendo salida los loteos. La situación se repite en Posadas donde hay familias que están viviendo en departamentos y si tienen posibilidad de comprar un lote en Posadas o Candelaria, lo hacen.
Consultado sobre la ley de alquileres, Sosa opinó que “no fue beneficioso para el locatario o propietario. Las dos partes fueron afectadas”.
Consultado sobre los precios e incrementos registrados durante el último tiempo, el empresario comentó que “hoy por hoy tiene un 46.7% de incremento anual; los sueldos no tuvieron incrementos. En su momento fue celebrado como una victoria, pero nosotros vimos que no era bueno. Sabíamos que iba a repercutir en el bolsillo de la gente que está alquilando”.
Otro sector que fue consultado sobre los alquileres fue el de la asociación de inquilinos que, a través de su presidente, Adrián Torres, reveló a este medio que “los precios se aumentan permanentemente. Cada renovación de contrato, si el propietario no acuerda con el inquilino normalmente rescinde el contrato, no renueva y busca un nuevo inquilino al que pueda cobrarle el precio que ellos quieran”.
“Lamentablemente, para los inquilinos, la ley (de alquileres) no funciona porque siempre hay salidas dentro de lo legal para los propietarios”, agregó Torres asegurando que el mercado inmobiliario enfrenta un “gran desorden” al que la norma no alcanza a controlar. “Se necesita un organismo contralor que puedan sancionar los incumplimientos”, sugirió.
