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La provincia adhirió a la ley del Renabap en plena crisis habitacional

La Cámara de Representantes, definió adherir a la Ley Nacional 27.453, para el reordenamiento de asentamientos en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares, instrumento jurídico que impide desalojos y permite expropiaciones de terrenos públicos y privados.

La provincia adhirió a la ley del Renabap en plena crisis habitacional

POSADAS. En la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada este jueves, quedó sancionada la adhesión de Misiones a la Ley Nacional 27.453 que crea el Registro Nacional de Barrios Populares –Renabap-, un instrumento jurídico que permitiría al Estado, impedir desalojos y avanzar con expropiaciones de terrenos públicos y privados.

La sanción de la norma provincial se da en un contexto de crisis habitacionales, con no menos de 290 asentamientos irregulares en toda la provincia, la mayoría de los cuales se encuentran en Posadas.

En su alocución durante la sesión en la Cámara de Representantes, el diputado provincial Gustavo González (UCR – Frente Juntos por el Cambio), destacó que “este régimen de urbanización dominial con integración socio urbana ha sido un gran acuerdo político, arribado entre los distintos sectores de la expresión política de la Nación”.

A nivel nacional, el trabajo conjunto del Gobierno y las organizaciones sociales permitió establecer un régimen de integración social y urbana con el objetivo de beneficiar a 4 millones de personas que actualmente viven en 4.416 Barrios Populares –asentamientos irregulares- en todo el país, según consta en el relevamiento del Renabap.

Sancionada la ley y a partir de este diagnóstico, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se ocupa de la regularización dominial de los inmuebles en favor de sus ocupantes. El objetivo es que las familias de los asentamientos irregulares, que puedan acreditar una cierta cantidad de tiempo de ocupación, puedan comprar la tierra en la que viven y acceder al título de propiedad.

Cabe remarcar que la normativa nacional posibilita la expropiación de terrenos tanto públicos como privados.

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