POSADAS. Continúan las negociaciones entre el gobierno renovador y el sector “autoconvocado” de la policía y el Servicio Penitenciario Provincial, que rechazó el incremento del 12% presentado por la patronal y exige un salario inicial igual al costo de la Canasta Básica Total, es decir, unos $43 mil. Además de una fuerte suba en el salario básico. Están acampando frente a la Jefatura, en calles Félix de Azara y Tucumán y hay tensión en el gobierno.
Este martes, un conjunto conformado por policías y penitenciarios (activos y retirados), más familiares de uniformados, se concentró en el Mástil de Posadas y marchó a Jefatura. Allí solicitaron una reunión con el jefe de la fuerza, el comisario Zenón Cabrera y con el ministro de Gobierno, el responsable político de la fuerza, Marcelo Pérez. Ambos accedieron al cónclave, en un clima bastante convulsionado.
Tras el fracaso de las negociaciones de este martes, los uniformados y retirados de Posadas y otros puntos de la provincia, decidieron pasar la noche frente a Jefatura. Al momento de esta publicación, los policías y penitenciarios siguen reunidos y ejerciendo presión. Según puede verse en diversas imágenes, no están cumpliendo con las pautas mínimas de aislamiento social preventivo para evitar contagios de coronavirus (Covid-19)
Marcha acampe y tensión
En la reunión de anoche, que comenzó a las 21 y se prolongó por varias horas, el gobierno renovador ofreció oficialmente un adicional compensador del 12%. Es para mejorar los salarios de los policías que ya no pueden hacer adicionales en eventos públicos, debido a la pandemia del coronavirus. Los autoconvocados rechazaron esa propuesta y exigen un aumento en torno al 60%. Con un importante aumento en el salario básico.
Pretenden que el piso salarial para los uniformados sea igual a la CBT. Es decir, no menos de $43 mil, que es el valor de la canasta informado por el Indec para Julio. Cabe aclarar que, entre los empleados estatales, los policías están entre los de mejores haberes. Cobran sueldos, en promedio, mucho mejores a los de empleados de Salud Pública, Educación o Desarrollo Social. Y los demás sectores, también están afectados por la pandemia y la cuarentena del coronavirus.
Desde luego, el poder de presión de los docentes o de los empleados de Salud, es muy diferente del que pueden desplegar los policías. Por obvias razones. Una de ellas estriba en que los uniformados son los encargados de controlar los ingresos a la provincia. Teniendo en cuenta que Misiones es una de las provincias con menor cantidad de casos de coronavirus en el país, si los uniformados hicieran un “quite de colaboración”, podría desmoronarse el relativo éxito sanitario del gobierno. Está claro que la prevención sanitaria no es la principal prioridad de los manifestantes.
Por otra parte, en el gobierno provincial, cuentan fuentes de MisionesCuatro, argumentan que no saben de dónde sacar el dinero para hacer frente al reclamo. Con una situación de conflictividad social en aumento, inflación acelerada, recesión y caída en la recaudación, si la provincia pacta con los uniformados, casi de inmediato, se les abriría otro frente. Es que los docentes, los enfermeros, los médicos, los porteros, los trabajadores de DDSS, vienen reclamando una recomposición salarial desde principios de año. Y están con haberes por debajo de los de la Policía y el SPP.
En medio del reclamo, también surgieron cuestionamientos a la cúpula policial y a los manejos del presupuesto por parte del ministro Pérez y del Subsecretario de Seguridad, Ariel Marinoni. Manejan un presupuesto de $7.500 millones para el presente ejercicio. Y este grupo de uniformados no está conforme con la administración de esos recursos. Además, en los días previos a la marcha y acampe, los funcionarios evitaron toda declaración pública. Como si intentaran invisibilizar el conflicto.
