OBERÁ. Tras conocerse que el presidente Alberto Fernández trasladó a los municipios la facultad de controlar precios en los comercios a favor de evitar la remarcación (pese a la flagrante contradicción que implica conocer hoy que el propio estado nacional pagó mercaderías un cincuenta por ciento más caro de su valor), el gobierno municipal de Oberá empezó a mandar a sus agentes a hacer esa tarea.

El gobierno obereño suscribió un convenio con el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la provincia (organismo encargado de fiscalizar la provisión y los precios de los productos de la canasta básica).

Según informó el propio municipio los agentes municipales controlan el precio en las góndolas y en las cajas de unos ochenta productos que conforman la lista emitida por el órgano de contralor. En caso de detectar alguna diferencia o irregularidad, el dueño del comercio puede hacer su descargo en Defensa del Consumidor, un organismo que debería analizar la situación (hasta hoy no goza de fama por controlar mucho). Se supone que el precio de lista, el exhibido en góndola y el que se cobra en las cajas deben coincidir.

El municipio añadió que los agentes también verifican los protocolos de higiene y seguridad a favor de prevenir el coronavirus.

Walter Anestiades para www.misionescuatro.com