POSADAS. En el marco de la controversia por la liberación o no de internos de los penales por el riesgo del nuevo coronavirus en instituciones penitenciarias caracterizadas por el hacinamiento y condiciones de vida infrahumanas, el abogado Eduardo Paredes señaló que, en Misiones, cerca de la mitad de los 1.700 detenidos, “están sin condena” una gravísima lesión a los derechos más elementales. El catedrático responsabilizó de esta situación, al Superior Tribunal de Justicia y al conjunto del fuero penal provincial, del que excluyó sólo a 3 o 4 jueces.

“Según el informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, de diciembre del 2019, las cárceles de Misiones, no pasan un test de la Regla de Mandela, el tratado internacional que regula cómo deben ser las cárceles. (Ninguna) de las cárceles provinciales, tienen agua (de forma continua), algunas tienen agua por una o dos horas. Todas tienen hacinamiento. Y problemas en la alimentación. Son gente muy vulnerable y pobre, que se sostiene con la colaboración de familiares”, empezó Paredes, su crudo análisis del sistema carcelario y el funcionamiento del fuero penal misionero.

El hacinamiento en las cárceles es un absurdo

En esta línea, Paredes sostuvo que es un “absurdo” que haya hacinamiento en las cárceles de Misiones, porque “el 50% de los 1.400 presos, que hay, son unos 600-700, según el informe de la Comisión, tienen prisión preventiva. El 50% de los presos que están en las ‘cárceles de la miseria’, como dice el investigador Loïc Wacquant, son presos preventivos, no tienen condena”, denunció el abogado, insistiendo en que es ilegal mantener presos sin condena en un Estado de Derecho.

“Hay una subcultura judicial muy discutida por normas de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, CIDH) que sostiene que no se puede tener a personas presas sin condena. La prisión preventiva tiene que ser revisada permanentemente. Aparte, hay una ley, la 24.390, que establece que, salvo en caso muy graves, el Estado sólo puede tener 3 años a alguien con preventiva, después pierde el derecho”, puntualizó.

En Misiones, el 50% de los presos “están en cárceles derruidas, no tienen condena. La responsabilidad es judicial. Me dijo un camarista muy reconocido: ‘si la gente supiera bajo la mano de qué irresponsables están los presos y me incluyo, se asustaría. Me lo dijo un camarista. En la provincia, rescato a 3 o 4 nombres (del fuero penal). Es la desidia de un aparato judicial totalmente derruido, como las cárceles”, disparó el abogado y catedrático.

Duras críticas al STJ, al fuero local y a la política criminal misionerista

El abogado cuestionó “que el STJ (Superior Tribunal de Justicia) no se haya fijado una política con el ministerio de gobierno, y los otros poderes (el Servicio Penitenciario Provincial) para establecer un programa de reducción de las prisiones preventivas. Y que de cada 10 camas de los penales estén ocupadas 9 y alcancen los magros recursos alimentarios”, bramó.

“El Tribunal Penal 2 de Posadas, tiene a Gabriel Leal hace 7 años sin juicio y con prisión preventiva, es una cuasi privación ilegítima. Porque el límite son 3 años. Esto debería terminar con un proceso penal y una destitución”, fustigó Paredes, al tiempo que insistió en que “el problema de las cárceles de la miseria empieza en el poder judicial y en el STJ”.

Para el abogado, “salvo alguna excepción, los que tienen prisión preventiva deberían estar en su casa”, pero esto no ocurre, porque “hay un aparato judicial doméstico, pequeño y de muy bajo nivel. En Misiones,de los casos que me hicieron ver,  no hay uno sólo de los que tienen condena , ceo que ninguno es culpable”, lanzó.

La incapacidad de los jueces amigos que no investigan la corrupción

En tono crítico hacia el fuero penal y el STJ, Paredes recordó que en el caso por la muerte Ersélide Dávalos, “Cristina Vázquez y su compañera, Cristina Rojas, estuvieron 11 y 14 años condenadas, pasaron por las Cámaras de Apelaciones, por el STJ, hasta que la Corte Suprema, las absolvió. Que esto pase en esta provincia y no haya ninguna repercusión. Y que en el Superior no se den cuenta, es porque estamos en la cubierta del Titanic o no hay recursos humanos. Las reservas teóricas son mínimas. De los 4 miembros de la Cámara de Apelaciones, sólo rescato a Jacobo Mass, por su calidad académica”, expresó.

“En el fondo, (el problema del hacinamiento en las cárceles) es un problema político. Para la disminución de la prisión preventiva y debe haber un control real que no hay. Deben conformar una cámara de control constitucional con gente muy definida. El problema es que ponen a gente ‘amiga’, el Poder Judicial se convierte en una bolsa de trabajo y los que sufren, son gente vulnerable. Salvo alguna excepción, los que están en las cárceles son gente vulnerable”, enfatizó el abogado.

“Es un poder judicial que jamás avanzaría en un caso de corrupción, de hecho, no hay (investigaciones por corrupción). El modelo y la estructura del poder judicial de Misiones, es inconstitucional. Tiene uno de los presupuestos más bajos del país y tiene que haber una política criminal para la disminución de la tasa de prisión preventiva”, remató Paredes.