POSADAS. Luego de hacer públicas sus preocupaciones sobre cómo se implementará el nuevo Código de Oralidad para los procesos civiles y comerciales en Misiones, el Colegio de Abogados de Misiones reiteró su pedido para conformar una mesa técnica con el Superior Tribunal de Justicia, para esclarecer los puntos oscuros de esta norma que entra en vigencia el próximo 1º de Octubre.

En diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro, Orbe aclaró que el nuevo protocolo sólo se aplicará en los procesos civiles y comerciales, quedando excluidos el fuero penal y el de familia. “El Cademis no está en contra de la implementación de una alternativa que signifique una mejora en los procesos. Nos da recelo este protocolo, porque hay muchos puntos que no han sido debidamente explicados y entendemos que hay algo concreto respecto de la necesaria reforma legislativa para la aplicación”, puntualizó el presidente del Cademis, respecto a una modificación del Código de Procedimiento que estaría promoviendo el protocolo de oralidad.

“Es un punto muy importante, pero no es el único ni es excluyente respecto de esta modalidad”, señaló el abogado, a favor de que se suspenda la aplicación, hasta que “conozcamos realmente cómo va a funcionar”. “Desde el desconocimiento que tenemos de algunos aspectos importantes del protocolo, es que pedimos que no se aplique y que nos sentemos a aclarar algunos puntos”, insistió.

¿El Protocolo de Oralidad altera el Código de Procedimientos?

Consultado por este medio respecto de los puntos en conflicto, Orbe explicó que el protocolo altera una ley provincial. “El protocolo toca el código de procedimientos, que es una ley. Y lo (modifica) en aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, cuando hay una audiencia de testigos, cuando se tiene que producir una prueba de testigos, se fijan dos audiencias: una principal y una complementaria. Tal como está planteado en el protocolo de oralidad, esa segunda audiencia, no se estaría fijando. Porque se tiene que concentrar todo en esa (primera) audiencia de oralidad”, argumentó Orbe.

“Le están privando a los abogados, de una posibilidad que les da el Código, de llevar a su testigo en una fecha alternativa, en la medida en que esté debidamente notificado o porque alguna cuestión, el testigo no pueda ir a la primera audiencia. Necesitamos sentarnos a aclarar algunos aspectos del protocolo”, remarcó el abogado.

Asimismo, de acuerdo con Orbe, “este protocolo estaba por aplicarse en el año 2019. ¿Qué pasó en el medio? Una pandemia que aceleró la utilización de herramientas digitales que todavía no se vieron totalmente cristalizadas en los trámites de los expedientes. El protocolo nada dice o no se aggiornó a esa nueva realidad. No está explicitado si esto es complementario a la implementación del Siged (Sistema de Gestión de Expedientes Digital), o cómo lo hace. O cómo van a conversar”, señaló el titular del Cademis respecto del funcionamiento del protocolo de oralidad en el marco del sistema que permite la gestión digital de los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Misiones.

“Sería interesante que hagamos nuestros aportes”

“Quedan más dudas que certezas y necesitamos conocer la herramienta que vamos a utilizar y en este momento las desconocemos y nos genera mayores dudas”, insistió el letrado.

Para Orbe y el Cademis, el camino para subsanar los inconvenientes que podrían surgir con el nuevo protocolo, sería la reforma en la Cámara de Representantes de Misiones, es decir, su regreso al poder legislativo.

“En todo lo que tenga que ver con la digitalización, hay una ley que delega en el poder judicial, en el STJ, la aplicación paulatina de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) En los procesos judiciales, no tenemos una norma similar en la aplicación de este protocolo de oralidad. Sin un plafón legislativo, el protocolo está modificando algunos aspectos del Código (CdP), algunos importantes. Y preocupa por la legalidad propia del protocolo”, analizó Orbe, insistiendo en que “sería interesante que previo” una vuelta del proyecto a la Legislatura “hagamos nuestros aportes”.

En este punto, Orbe volvió a reiterar que la postura del Cademis es de colaboración y no de confrontación. “No podemos estar en contra de una herramienta que mejore los procedimientos, (y brinde) mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los conflictos. Pero necesitamos certezas que no estamos encontrando”, sostuvo.

Alerta por la posible ralentización de los procesos civiles y comerciales

Respecto de la advertencia pública de una posible ralentización de los procesos civiles y comerciales, Orbe fue explícito: “En procesos comerciales, por la cantidad de expedientes que entran por año, al tener solamente una sala de audiencias orales y 8 juzgados que la van a utilizar, los números no nos cierran”, consignó el abogado.

Al respecto, el presidente del Cademis remarcó que necesitan saber si el protocolo “se va a aplicar a todas las causas en trámite que no han tenido apertura de prueba o a las causas que se inicien el 1º de Octubre. Son todas preguntas que no han tenido respuestas”, expresó Orbe, quien alertó que en esta modalidad, es posible que “cada juzgado no tenga más de 4 juicios al año”.

“Como no tenemos la precisión de cuándo, cómo y a qué causas, nos quedan estas dudas”, acotó.

Ante la consulta sobre los pasos a seguir por el Cademis, Orbe detalló: “En la nota que presentamos nos ponemos a disposición del STJ para tener una mesa técnica y hacer nuestros aportes, y perfilar una herramienta que sirva a ambas partes. En la digitalización venimos haciendo aportes, en el tema oralidad, no nos sentamos a desglosar el protocolo y dar nuestro parecer. La estadística nos plantea muchas dudas. Nos aventuramos a decir que va a ralentizar todo aún más de lo que ya está”, subrayó.

El Expediente Digital “no está a pleno”

Por último, Orbe se refirió a la implementación del expediente digital, que “no está a pleno” en Misiones. “Si bien está la herramienta del Siged, está faltando una norma que ordene todo y valide (el expediente digital) respecto de su equivalente tradicional de papel. La ley de firma digital que es de 2001 y el código reformado que entró en vigencia del 2015, da un plafón al uso de esta tecnología. Pero los jueces esperan una norma expresa del poder judicial (del STJ) Y existe esa posibilidad porque hay una delegación del Legislativo sobre el uso de las TICs. Estamos en un híbrido y es una herramienta que, en el uso pleno, va a agilizar los procesos”, comentó Orbe.

Al respecto, señaló que la digitalización avanzaría “si el STJ dicta una acordada que ordena todo lo que significa el expediente digital. Y le da un espaldarazo para que los jueces lo puedan aplicar debidamente”, dijo Orbe. “Lo que menos queremos es confrontar. Queremos ser escuchado y que la herramienta nos sirva a todos”, concluyó.