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Rentas “disfruta” de la pelea por los precios de la yerba

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Otra vez habrá laudo nacional en la discusión por los nuevos precios del kilo de hoja verde y de yerba mate canchada. El Gobierno provincial se saca el costo político de encima y alienta, por lo bajo, un precio que le permita engrosar su recaudación de Ingresos Brutos con la molinería. Las deudas financieras de la industria, en el último año, crecieron un 57%. 

Rentas “disfruta” de la pelea por los precios de la yerba

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Otra vez habrá laudo nacional en la discusión por los nuevos precios del kilo de hoja verde y de yerba mate canchada. El Gobierno provincial se saca el costo político de encima y alienta, por lo bajo, un precio que le permita engrosar su recaudación de Ingresos Brutos con la molinería. Las deudas financieras de la industria, en el último año, crecieron un 57%. [/vc_column_text][vc_single_image image=”227335″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]POSADAS. El año pasado, el consumo de yerba mate alcanzó su récord histórico, donde las ventas en el mercado interno totalizaron 261,9 millones de kilos y las exportaciones sumaron 43 millones de kilos.

Pero ese contexto favorable, para una de las principales actividades de la agroindustria misionera, no logra destrabar un enfrentamiento histórico entre productores y molineros, cada vez que llega el inicio de cosecha de abril y, con ello, la fijación de precios del kilo de hoja verde y de la yerba mate canchada.

Otra vez será la Secretaría de Agricultura de la Nación la encargada de definir el laudo, una oficina porteña que poco y nada conoce de los vaivenes de la economía yerbatera, pero que se encargó de fijar los precios en casi todos los 17 años que funciona el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Casualidad o no, de esta manera, los cincos gobiernos consecutivos de la Renovación K, en la Provincia, lograron que la puja yerbatera entre los principales eslabones de la cadena productiva siempre termine a los porrazos. Y que el costo político de fijar precios -la mayoría de las veces “incompatible” con la estructuras de gastos, de unos y otros- sea absorbido por el Gobierno nacional. Cuando la Provincia es la mayor beneficiada en esa discusión.

Este jueves, productores chicos y líderes gremiales de la tarefa llegaron enfurecidos a las oficinas del INYM, en el microcentro de Posadas, para reclamar un “precio justo” del kilo de hoja verde que ubican, como piso, en los $13,50.

Del otro lado de la negociación, la industria yerbatera decidió no asistir al cónclave y su ausencia provocó la caída de la discusión: los precios sólo pueden acordarse por unanimidad. Sin embargo, trascendió que la molinería envió una nota ofreciendo un valor de $10,10 por kilo de hoja verde, lo cual los productores consideran inaceptable. Hay, entonces, una diferencia de $3,50 por laudar.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1551402311785-5d4cc995-e049-8″ include=”227242,227240,227239,227232″][vc_column_text]

Los unos y los otros…

Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. El INYM sigue en deuda, como institución por ley, a la hora de regular los precios en la producción primaria, en las plantaciones y en los secaderos; porque en la salida del molino hacia la góndola, a los precios lo fija el poder de los mercados, el de la oferta y la demanda.

Sin embargo, este escenario de conflicto permanente entre productores y molineros, vuelve a profundizar las sospechas de cómo el Gobierno de la Renovación K alienta -y se beneficia- con una fijación de precios que, por lo general, termina demonizando al principal padrón de contribuyentes de Ingresos Brutos que tiene la caja recaudadora de Rentas, la industria molinera.

Todos saben, en el negocio de la yerba mate, que cuando aumenta el precio de la yerba aumenta la recaudación de Ingresos Brutos. Por eso al Gobierno le interesa, con porte de sabueso, que la producción y los cosecheros apuren a los molineros, con precios donde -la mayoría de las veces- nunca se llegan a cumplir en la compraventa real que se da en los secaderos.

“Eso sí, se tributa sobre el precio fijado por ley. La Provincia se lleva su tajada sobre ese monto establecido. Pero en la economía real, se hace difícil cumplir con esa fijación de precios…”, resumió el dueño de un secadero, que admite que el Gobierno solo le interesa regular lo que le permite recaudar.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1551402352371-3c30a84a-e7e3-6″ include=”39089,77754,77756″][vc_column_text]El año pasado, de los 261,9 millones de kilos que se movieron en el mercado interno, la industria yerbatera aportó el 8% de Ingresos Brutos a la oficina recaudadora que administra el contador Miguel Arturo “Pimpi” Thomas: 5% por el envasado y un 3% por la molienda. Los secaderos, por su actividad, pagan un 3% del gravamen provincial.

En esa línea, mientras Rentas se asegura su tajada de recaudación en el millonario negocio de la yerba, las deudas bancarias de las empresas del sector -de diciembre de 2017 a diciembre de 2018- crecieron un 57%, según admiten los asesores de la Cámara que nuclea a los empresarios del sector.

“Desde la creación del INYM a la fecha la hoja verde y la yerba mate canchada aumentaron cerca de 6200%, cuando en la salida de los molinos solo un 3700%. Esto responde y se condice con las deudas bancarias que hoy acumulan los industriales”, precisaron las mismas fuentes, en este eterno juego de saber quien más gana o quién más pierde.

Cabe señalar que los productores primarios, muchos de ellos minifundistas, no tienen que pagar Ingresos Brutos en su actividad agrícola desde 1994, cuando fueron beneficiados por la “alícuota 0” por el gobierno de Ramón Puerta. Además, los plantadores de yerba mate también reciben el beneficio de contar con la “corresponsabilidad gremial”, donde el Estado asume parte de los costos laborales en las chacras.

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FSV.

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