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Señalan que la precarización es violencia laboral

Lo explicó la abogada Roxana Rivas, representante de la familia Caballero, tras conocerse el fallo de la Cámara que ratifica una doble responsabilidad del Estado en las muertes de los empleados tercerizados de SIP Armas.

Señalan que la precarización es violencia laboral

Lo explicó la abogada Roxana Rivas, representante de la familia Caballero, tras conocerse el fallo de la Cámara que ratifica una doble responsabilidad del Estado en las muertes de los empleados tercerizados de SIP Armas. El fallo sienta precedente y abre un campo de litigio judicial contra el Estado misionero, uno de los grandes contratantes en negro de la provincia.POSADAS. “Se tiene que lograr reconocer que una de las formas de violencia laboral es la precarización (laboral)”, dijo la abogada Roxana Rivas, en diálogo con MisionesCuatro este martes. La asesora legal de la CTA A y representante de la familia de Ricardo Caballero, destacó la importancia del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, que confirma la responsabilidad del Estado en la muerte del joven trabajador.

De acuerdo con el fallo, no sólo la empresa tercerizada SIP Armas es responsable del deceso de los dos trabajadores de limpieza que se intoxicaron con químicos cuando desarrollaban sus tareas, sino también el Estado provincial, en su calidad de contratante y de garante del cumplimiento de las leyes laborales.

Rivas puso de relieve el fallo de los camaristas, ratificando la responsabilidad del Estado misionero, “en este hecho, más sabiendo que es muy común que el Estado tercerice servicios de limpieza y seguridad. Y que se lo haga a través de empresas como SIP Armas, terriblemente informales, insolventes y que no tienen voluntad ni interés en velar por las condiciones de trabajo”, puntualizó Rivas.

“SIP es una empresa, pero el Estado provincial se maneja con muchísimas empresas similares a la hora de tercerizar los servicios”, advirtió la abogada. “El estado está contratando permanentemente a empresas que no tienen solvencia. Es un riesgo para todos”, subrayó la letrada.

Doble responsabilidad para el Estado misionero

Según la abogada de la CTA Autónoma, el fallo de la cámara contra SIP y el Estado misionero es importante porque determina que hubo una doble responsabilidad estatal por las muertes de Ricardo Caballero (19) y de Andrea Pérez (27). El fallo apunta a la responsabilidad del Estado en cuanto empleador –contratante de SIP Armas, la empresa tercerizada- y en cuanto garante del cumplimiento de las leyes laborales y fiscales.

Por otra parte, Rivas enfatizó sobre el fallo del camarista Manuel Silva Dico, que con la extensión de la responsabilidad a las socias Mariela Alejandra Báez y Felicitas Aquino de Báez, se plantea que “esa sociedad se arma para cometer delitos. Ya de por sí, la falta de registración de los empleados, que implica evasión fiscal y previsional, es en sí un ilícito que no puede protegerse en una figura societaria”, argumentó la abogada.

“El Estado fue omitiendo controles al contratar a esta empresa, que fue una de las mayores contratistas en su momento”, insistió.

“Esperemos que el STJ esté a la altura de las circunstancias”

En cuanto a los pasos a seguir luego de este histórico revés judicial para el Estado misionero, Rivas admitió que los demandados podrán apelar al Superior Tribunal de Justicia, que “no tiene plazos para fallar”. “Falta muchos para decir que la familia Caballero conseguirá un resarcimiento económico. Esperemos que el STJ esté a la altura de las circunstancias. Cuando tomamos el caso con el Dr. Haene, nuestro temor era si se atreven a condenar al Estado”, alertó la abogada.

Sin embargo, Rivas se mostró más bien pesimista sobre el tiempo que se tomaría el STJ para fallar en esta causa. “Suele pasar uno o dos años a que traten el recurso”, precisó.

Precarización como forma de violencia laboral

“En la provincia, son terribles las situaciones de irregularidad. En el conflicto del Lacmi se puede observar (esto). También en el Concejo Deliberante. El sistema de contratación y la tercerización es terrible”, comentó Rivas, dejando en claro que la causa SIP Armas es la punta de un iceberg. “En el sistema sanitario de los hospitales, sobre todo en el interior, la situación empeoró. Los trabajadores siempre están en riesgo y no es prioridad controlar a las empresas contratadas”, aseguró Rivas. Al tiempo que apuntó a las “empresas fantasmas” vinculadas a funcionarios o dirigentes de la Renovación.

Para la abogada, falta mucho para reconocer que “una forma de violencia laboral es la precarización”. Los trabajadores precarizados o subcontratados, no sólo padecen malostratos, sino también “la amenaza de que si no obedeces, no te contratan más”, enfatizó la abogada.

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JMM.

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