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Desalojaron a las familias argentinas varadas en el puente

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Los varados son familias son de Montecarlo, Misiones; de las provincias de Chaco y Buenos Aires. Entre ellos hay seis menores de edad.

Desalojaron a las familias argentinas varadas en el puente
Foto: Infobae

Las 12 personas que se encuentran varadas hace más de una semana en la cabecera argentina del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz que une a la Argentina con Paraguay fueron desalojados en las últimas horas de la oficina de Aduana, donde encontraron resguardo desde que abandonaron el país vecino.

Este viernes, en un documento firmado por Héctor Coreaga, Coordinador de Centros de Frontera Mesopotamia Norte, se les exigió la desocupación del inmueble que pertenece al Estado nacional.

Luego de estar viviendo durante diez días en el piso de una oficina de Migraciones, los 12 argentinos que se encuentran varados en la frontera con Paraguay fueron desalojados de ese lugar y tuvieron que pasar la noche a la intemperie. Mientras, las autoridades consulares les aseguraron que tienen que regresar al país vecino para recibir ayuda de su parte.

Los varados son familias son de Montecarlo, Misiones; de las provincias de Chaco y Buenos Aires. Entre ellos hay seis menores de edad.

El domingo, la Justicia rechazó un amparo colectivo presentado iban a apelar la medida, aún no tuvieron respuestas que habiliten que regresen a sus hogares por la vía terrestre.

Sin dinero para poder afrontar los gastos que demandaría el trámite, estas personas solicitaron un “salvoconducto sanitario” para que se haga una excepción y los dejen ingresar por tierra, algo que hasta el momento no pudieron conseguir. En el caso de Argentina, sólo se puede ingresar por el aire, desde el aeropuerto de Ezeiza. 

Previamente, el abogado Francisco Abel Reyes Rosales, que es parte de los varados, presentó, en un intento más, un habeas corpus de que les permitan a las familias argentinas para volver a sus casas que, en algunos casos, está a tan solo 150 kilómetros de distancia.

Para cumplir con ese procedimiento legal, tuvo que redactar una carta que luego fue firmada por todos los mayores del grupo y presentada a las autoridades del Centro de Frontera en el que están, pero en mesa de entrada “adulteraron el documento tachando el sello oficial”, lo que invalidó toda la maniobra, según denunció el letrado a Infobae.

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