[vc_row][vc_column][vc_column_text]El senador liberal Miguel Abdón Saguier solicitó por nota al contralor general de la República vecina, José Enrique García, que esa institución examine, verifique y compruebe las cuentas de la EBY antes de cualquier negociación que pretenda realizar con la Argentina.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”117963″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El senador paraguayo Miguel Saguier presentó el lunes una carta a la Contraloría en su carácter de presidente de la comisión especial encargada del estudio y seguimiento del Acta de Entendimiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que firmaron los presidentes de Argentina Mauricio Macri y de Paraguay Horacio Cartes.

Según publicó el diario ABC, el parlamentario señala que el numeral IX del Anexo “C” al tratado de Yacyretá establece que sus disposiciones serán revisadas a los 40 años a partir de la entrada en vigor del tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la entidad para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.

Saguier sostiene que, en rigor, los 40 años para la revisión se han completado el 27 de marzo de 2014.

Expresa también que el anexo C del tratado se refiere a las bases financieras y prestación de servicios de electricidad y que es donde se establece, entre otros puntos, que el ingreso anual es igual al costo. Por tanto, según Saguier, lo que se impone sea revisado es el grado de amortización de las deudas contraídas por Yacyretá y la situación contractual del servicio de electricidad.

Al respecto, señala que el inciso 4 del artículo 283 de la Constitución atribuye a la Contraloría General de la República la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe del Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados. Por tanto, dice el senador, es deber y obligación del contralor general la inspección y comprobación de la situación financiera y contractual del servicio de electricidad de Yacyretá.

Igualmente, apunta el legislador en su nota, el anexo A del Tratado de Yacyretá, punto 4 del artículo 18, establece que los organismos estatales controlarán la EBY “sin perjuicio de la fiscalización contable que ejercerán las Altas Partes Contratantes a través de Agua y Energía (de Argentina) y la ANDE (Paraguay)”.

Por tanto, señala Saguier, Paraguay, como Alta Parte Contratante a través de la ANDE, deberá ejercer la fiscalización de los registros contables y cuadros de los resultados correspondientes.

Apunta, además, que Argentina fiscaliza las cuentas de Yacyretá a través de la entidad Ebisa (sucesora de Agua y Energía) y con el concurso de la Auditoría General de la Nación (AGN, entidad asesora del Congreso de ese país), equivalente a las competencias de la Contraloría General paraguaya.

Destaca que, en virtud de la igualdad de derecho y obligación de las Altas Partes Contratantes, consagradas en el tratado, es evidente que la Contraloría tiene expedito el camino para fiscalizar cuentas de la EBY.

Exige también transparencia

Si la Argentina ejerce el control de las cuentas de Yacyretá por medio de su organismo contralor, Paraguay también tiene la misma posibilidad, señaló el senador Saguier. Refirió que el argumento histórico de los diferentes gobiernos del Paraguay para evitar que la Contraloría pueda auditar las cuentas de EBY es que se trata de un organismo internacional y que el tratado no lo contempla. Saguier calificó ese argumento de “macana” y que, al contrario, lo autoriza. Destacó además que el Gobierno actual se jacta de su ley de transparencia y no tiene sentido que Yacyretá, integrado por la ANDE y que da un servicio público, oculte datos.

NOTA REVERSAL

Fuentes de la EBY paraguaya informaron al diario Última Hora que ya está totalmente redactada la Nota Reversal que modifica el Anexo C del Tratado e introduce las disposiciones acordadas entre los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, en mayo pasado.

El documento, que actualmente se encuentra en la ANDE para su verificación, sería presentado en agosto. La intención del Poder Ejecutivo del Paraguay era introducir la Nota Reversal cuando esté conformada la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores, había comentado el canciller Eladio Loizaga.

Se esperaba un momento de relativa calma considerando que, a priori, el Gobierno no contaba con los votos suficientes para aprobar el documento. De hecho, si solo se consideran los votos cartistas, llanistas y oviedistas, apenas se contabilizan 21 votos y faltarían dos más para poder darle luz verde a la nueva disposición de Yacyretá. El Ejecutivo tendrá que apelar a convencer a los colorados disidentes o a los del Frente Guasu, aunque esta última nucleación política ya adelantó su rechazo al acuerdo.

El pacto Cartes–Macri determinó que la deuda de la EBY con el Tesoro argentino es de USD 4.084 millones a diciembre de 2015 y al 2016 será de USD 3.800 millones. Para el pago se otorgará un plazo de 30 años y los primeros 10 serán de gracia.

Por territorio inundado, Paraguay recibirá cerca de USD 1.000 millones. (ABC COLOR y ÚLTIMA HORA)

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