BUENOS AIRES. La reglamentación del registro de alquileres ante la AFIP, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, desde el sector inmobiliario señalan que provocará el efecto contrario al supuestamente buscado y es que, en lugar de beneficiar a los inquilinos, éstos serán los principales perjudicados por la disminución de la oferta de vivienda y el aumento de los valores para rentar una propiedad.
El secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Claudio Vodanovich, manifestó que “Es de esperar que, en los nuevos contratos, el propietario decida trasladar al valor del alquiler, una cifra similar a lo que tenga de pagar del Impuesto a las Ganancias por lo que el perjudicado real será el inquilino que tendrá menos oferta y más caras, porque muchas unidades saldrán del mercado”.
Este nuevo paso de intervención del Estado en el mercado inmobiliario abre el debate, ya que la reglamentación esconde un problema de fondo que es la resistencia de los contribuyentes a seguir viendo cómo se incrementan sus obligaciones impositivas frente a un uso discrecional de los fondos públicos.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que la mayoría de los dueños de inmuebles en alquiler pertenecen a sectores de la clase media que invirtieron sus ahorros en “ladrillos”.
Según un relevamiento realizado por el medio de comunicación Ámbito, en más de diez inmobiliarias, más del 60 por ciento de los contratos que se realizan no están declarados. Si bien interviene una inmobiliaria, la obligación de “blanquear” el acuerdo ante la AFIP corre por cuenta del propietario o, en caso de requerirlo, por pedido del inquilino.
Es decir que, según los empresarios inmobiliarios, seis de cada diez contratos terminan fuera del control estatal. Estas operaciones conforman el total de 1.760.000 contratos que, aproximadamente, se formalizan por año en los principales centros urbanos del país que representan 90 por ciento de los alquileres, según informó Vodanovich.
De esta manera, se podría estimar que alrededor de un millón de contratos tendrían que regularizarse. Está claro que habría que descontar los firmados antes del 1 de julio de 2020. A esto hay que sumarle una cantidad imposible de estimar de acuerdos entre propietarios e inquilinos que no pasan por una inmobiliaria. Tantos unos como otros buscan escapar del radar del organismo fiscal.
La explicación que ofrecen en las inmobiliarias es que la gente resiste a sostener con más impuestos a un Estado que no le devuelve prestaciones acordes a su esfuerzo.
