El anuncio se produjo minutos después de que el ministro de Salud y su par de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunieran en privado con el presidente Alberto Fernández para interiorizarlo sobre los alcances del nuevo protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Gobierno oficializó la vigencia del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La resolución 1/2019 fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

González García explicó que el protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud.

Según precisó, se busca de esa forma garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender a la población, y llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan basándose en la legislación vigente.

En ese sentido, destacó que está basado en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales, con el objetivo de contar con “un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.

“Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley”, aclaró el titular de la cartera de Salud, ante una consulta de la prensa, para luego precisar que las instituciones deberán “dar respuestas” a quienes lo soliciten: “Esto no es un combate ni es una búsqueda de votos ni es una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley”, agregó.


González García además advirtió que seguramente haya “algunas organizaciones antiderechos” que vayan a cuestionar el nuevo protocolo, pero insistió que se trata de “un instrumento sanitario” que se ajusta a la ley actual y otorga derechos a quienes “lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.


Al ser consultado sobre el caso de Lucía, la niña violada en Tucumán a la que se le negó el aborto legal, González García cuestionó a quienes utilizan la “Justicia para incumplir la ley” y señaló, sobre ese caso en particular, que él mismo intervino ante los médicos acusados y con el Gobierno provincial para que “esa locura no ocurriera”.

“Que se use a la Justicia para que no se cumplan las leyes no es fácil de ser explicado. Tenemos que modificar eso. También contamos con la fuerza de toda la sociedad, una sociedad que va cambiando en la construcción de más consenso. La fortaleza que nos dan las organizaciones sociales que nos acompañan y que han trabajado.

Al ser consultado por el envío de un proyecto de ley al Congreso para la legalización del aborto, respondió que hoy la prioridad es que se apliquen las leyes vigentes como la ley de salud sexual reproductiva y educación sexual, que actualmente están “en un bajo nivel de aplicación”.

“El pensamiento del Presidente lo conocen y el mío también, pero el tema exige un trámite parlamentario, un tiempo distinto. Una de las cosas más interesantes que paso en la sociedad argentina, que fue el debate que se desarrolló, terminó siendo un combate con características electorales y muy alejado de lo que es un tema de salud pública”, recordó.

En ese sentido, enfatizó que “hay treinta muertes evitables por año y casi 50 mil internaciones” derivados de abortos clandestinos “evitables” como consecuencia de las actuales “reglas de juego”.

En otro orden, el ministro de Salud habló acerca de la política sobre los medicamentos y las vacunas, al señalar que en las “próximas horas” habrá novedades sobre la “recomposición del acceso a los medicamentos” y que hay una negociación en marcha con la industria farmacéutica para que haya “una rebaja masiva” en los precios de todos esos productos.


Y agregó: “También tenemos problemas con los precios de los medicamentos importados. Si bien todos los precios duelen, los de los importados son casi una extorsión para el Estado porque no los puede pagar nadie que no sea el Estado. Son miles y miles de dólares. Y ahí también vamos a intentar hacer algo. Estamos hablando con todos los países”.

Sobre la emergencia sanitaria, que buscará, entre otras cosas, resolver el faltante de vacunas, sostuvo que muchas de ellas están retenidas en la aduana por las altas tasas que el Estado bajo la anterior gestión no terminó de resolver: “El Estado por un lado las pagó en su mayor parte pero el objetivo por el cual las compró que es vacunar correctamente a la población no se cumple por parte del dinero que tenía que pagar el Estado”.