“Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos”, señaló Rosenkrantz en un escrito.

El magistrado rompió el silencio, tras un fin de semana de discusión entre oficialismo y la oposición a partir del pedido de juicio político que presentó la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley por supuesto “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.

El presidente de la Corte Suprema rechazó las acusaciones de Siley y dijo que “son completamente infundadas”.

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, comienza el escrito del magistrado.

Como ejemplo, señala que le imputaron “71 cuentas en el exterior”, a su nombre, para “cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales” así como “el delito de prevaricato por haber firmado el fallo ‘Muiña’” y otra por ser “partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell”.

Por último, Rosenkrantz indicó: “las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que ´es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político´. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno”.